Las FARC anunciaron que liberarán próximamente a todos los militares y policías que mantienen como rehenes, y que pondrán fin a la práctica del secuestro extorsivo de civiles, lo que fue considerado por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como «un paso importante y necesario pero no suficiente».
En un comunicado de su secretariado (cúpula) publicado hoy en su página de internet, las FARC consideran que «no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones» con el gobierno para poner fin al conflicto armado que lleva cinco décadas en el país.
«Por eso queremos comunicar nuestra decisión de sumar a la anunciada liberación de los seis prisioneros de guerra, la de los cuatro restantes en nuestro poder», afirma la nota, reproducida íntegramente por la radio colombiana Caracol en su sitio web.
Aunque en el documento no se identifica a los rehenes, se espera que a la liberación del militar Luis Beltrán y los policías Carlos Duarte, César Lasso, Jorge Trujillo, Jorge Romero y José Forero, anunciadas entre noviembre y enero pasados, se sume la de los uniformados Luis Arcia, Luis Moreno, Wilson Rojas y Robinson Salcedo.
La organización responsabilizó al gobierno de Santos de ser quien «frustró un feliz final» de la situación de al menos seis rehenes, cuya liberación fue anunciada varias veces y otras tantas dejada sin efecto desde noviembre, aunque dejó entever que hay un nueva «fecha acordada» para que se produzca.
«Quisiéramos solicitar a la señora Marley Orjuela, esa incansable y valiente mujer dirigente de Asfamipaz (Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros), que acuda a recibirlos en la fecha acordada», señala el texto.
La nota registra además la aceptación «sin vacilación» de «la disposición generosa» del gobierno de Brasil para mediar en la entrega de los rehenes y manifiesta los «sentimientos de admiración» de las FARC «para con los familiares de los soldados y policías» secuestrados.
Por otra parte, el documento sostiene que «mucho se ha hablado acerca de las retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con fines financieros» efectuó la organización «a objeto de sostener» su «lucha».
«Con la misma voluntad indicada arriba, anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas en nuestra actuación revolucionaria», anuncia, y agrega que «es hora de que se comience a aclarar quiénes y con qué propósitos secuestran hoy en Colombia».
Sin embargo, las FARC advierten en el documento que si el gobierno no se aviene a establecer un diálogo con ellas, se verán en «la necesidad de recurrir a otras formas de financiación o presión política».
En ese sentido, el grupo guerrillero advierte que «serios obstáculos se interponen a la concreción de una paz concertada» y afirma que «la arrogante decisión gubernamental de incrementar el gasto militar, el pie de fuerza y las operaciones, indica la prolongación indefinida de la guerra».
Al respecto, vaticina que esa guerra «traerá consigo más muerte y destrucción, más heridas, más prisioneros de guerra de ambas partes, más civiles encarcelados injustamente».
«Es hora de que el régimen piense seriamente en una salida distinta, que empiece al menos por un acuerdo de regularización de la confrontación y de liberación de prisioneros políticos», subraya el comunicado.
Apenas conocido el documento, Santos respondió con un par de mensajes en su cuenta de la red Twitter.
«Valoramos el anuncio de las FARC de renunciar al secuestro como un paso importante y necesario pero no suficiente en la dirección correcta», afirmó el mandatario.
«Nos alegramos mucho por ellos, los diez secuestrados que van a liberar, y por sus familias; el gobierno dará garantías sin circo mediático», agregó, según reprodujeron Caracol y el diario bogotano El Tiempo.
Orjuela, que además de directora de Asfamipaz es la vocera designada por la organización civil Colombianos por la Paz (CP), manifestó que estaba muy contenta por el anuncio y señaló que CP programará una reunión con autoridades del gobierno de Brasil y del Comité Internacional de la Cruz Roja para ultimar detalles para la entrega de los rehenes, reportó la agencia de noticias DPA.