El Consejo Superior resolvió por unanimidad desestimar el pedido efectuado por algunos represores que querían cursar estudios mediante el programa UBA XXII. Donda, Jurio y Rolón, entre otros. Finalmente, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires resolvió por unanimidad rechazar la inscripción de condenados y procesados por delitos de lesa humanidad a cursar estudios mediante el programa UBA XXII.
La resolución fue tomada por el órgano académico integrado por el rector de la UBA, Rubén Hallú, los decanos de las facultades y cinco representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes.
«Esta es una clara expresión política de la Universidad de Buenos Aires», explicó Hallú tras el dictamen. En el mismo, la comisión entendió que si bien el propósito de la Universidad «no puede ser otro que permitir la libre discusión de ideas y la más amplia confrontación de concepciones del mundo», la particularidad del caso implica que «quienes aspiran a incorporarse a su comunidad universitaria, en la actualidad y desde siempre, defienden públicamente la tesis de una pretendida inexistencia, legitimidad o justificación de esos delitos de que fueran víctimas los propios miembros de su comunidad universitaria».
La UBA dispuso esta decisión tras los pedidos efectuados por represores que cumplen condena por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, entre ellos, Adolfo Donda -condenado a prisión perpetua-, Carlos Jurio y Oscar Rolón.
Ante el intento de inscripción al programa, las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales dictaron la resolución que prohibía su condición de alumnos, postura que fue refrendada esta mañana por el Consejo Superior de la UBA.
