El juez mendocino Walter Vento dispuso, a raíz de una denuncia de la empresa Supercanal, la intervención de Cablevisión y designó al contador Enrique Anzoise como interventor y coadministrador de la compañía de cable perteneciente al grupo Clarín. Cuando Anzoise intentó asumir el mandato derivado de la orden judicial en la sede de Cablevisión, ubicada en la calle Hornos al 600 de Capital Federal, las autoridades de la empresa le impidieron que pudiera ejercer el rol que le atribuyó el juez mendocino.
La denuncia, de carácter penal, también apunta contra los directivos del grupo Clarín Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro y es por «conductas anticompetitivas» derivadas de la fusión entre Cablevisión y Multicanal.
Se denuncian, entre otras irregularidades, «maniobras con la finalidad de excluir a sus competidores, ofertas en precios predatorios, manipulación de la grilla y exclusión de la grilla de señales de noticias que no pertenecen al grupo Clarín».
«La coadministración es un hecho por parte de la justicia, ahora Cablevisión tendrá los derechos recursivos; hoy la medida está firme y debe ejecutarse», aseguró a la prensa en la puerta de Cablevisión Ricardo Mastronardi, abogado del interventor designado.
El letrado explicó que el fallo del juez Vento que dispuso la intervención es una resolución que tiene más de 20 páginas y aclaró que «el corazón de la denuncia (de Supercanal, la empresa de cable mendocina de José Luis Manzano y Daniel Vila) radica en la necesidad de evitar el ejercicio de la competencia desleal».
Asimismo, el abogado del interventor descartó de plano un rumor instalado entre los empleados según el cual la intervención afectaría los puestos de trabajo: «sería un absurdo pensar en la pérdida de empleo; es una medida que tiende a proteger al consumidor, es una vergüenza que los directivos (de Cablevisión) hayan hecho instalar la idea de pérdida de puestos de trabajo» a partir de la intervención.
Mastronardi también explicó que al haber quedado trunca la posibilidad de que el coadministrador asuma sus funciones, se elevará un informe detallado al juzgado federal dos de Mendoza, donde el doctor Vento está subrogando a la magistrada Olga Pura de Arrabal, que determinará los pasos a seguir.
Según el fallo judicial, el interventor-coadministrador tiene un plazo de 60 días para ver la documentación contable e intervenir en otros aspectos de la compañía como las áreas de sistemas, publicidad, marketing, entre otras.
El abogado del interventor relató también que cuando el coadministrador intentó asumir sus funciones, acompañado por personal de gendarmería y policía federal, recibió agresiones verbales mientras realizaba una inspección general de la sede de la empresa, de la cual se tuvo que retirar.