El tribunal adoptó la decisión por unanimidad, horas después de que el gobierno presentara un recurso de inconstitucionalidad contra el plan independentista, y comunicó a los líderes catalanes que de incumplir la suspensión podrían afrontar un procedimiento penal.
El Tribunal Constitucional español ordenó hoy la suspensión de la declaración secesionista de Cataluña al admitir a trámite un recurso del gobierno del presidente Mariano Rajoy contra el plan de ruptura con España, y advirtió a los responsables de la iniciativa de las responsabilidades penales que podrían afrontar en caso de incumplir su decisión.
Horas después, el Tribunal Constitucional se reunió de urgencia para analizar el recurso el Ejecutivo español y resolvió por unanimidad admitirlo a trámite, decisión que conlleva la inmediata suspensión de la resolución por un plazo máximo de cinco meses.
Durante ese tiempo, los magistrados tendrán que decidir sobre la inconstitucionalidad de la declaración aprobada en el Parlamento catalán para dar inicio a un proceso de creación de un Estado independiente, que los propios secesionistas reconocen que rompe con el marco legal vigente.
En su recurso, el Ejecutivo español pidió al TC que notifique su decisión respecto a la declaración secesionista a un total de 21 altos cargos catalanes, entre ellos el presidente en funciones, Artur Mas, sus consejeros, y la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.
También le requirió que, en caso de incumplimiento de la suspensión, se les advierta que podrían ser juzgados por un delito de desobediencia -con penas de inhabilitación- y suspendidos de sus funciones.
En respuesta al pedido, el Constitucional advirtió a los responsables catalanes “de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.»Todos ellos tienen que asumir su responsabilidad», exigió Rajoy en una conferencia de prensa desde La Moncloa, sede del Ejecutivo, al explicar la medida adoptada para frenar los planes secesionistas.
«Pretenden acabar con la democracia. No lo permitiré», advirtió el presidente del gobierno, quien destacó que la resolución independentista «supone una declarada insumisión a las instituciones del Estado».
«Estamos hablando de la esencia de nuestra democracia, del respeto a la soberanía popular y de la unidad de la nación», enfatizó Rajoy.
Tras la suspensión se abre un nuevo escenario de incertidumbre respecto al futuro del inédito proceso de secesión catalán, que se presenta como una especie de «revolución democrática» al pretender cambiar un marco legal desde la legitimidad obtenida por los independentista en las urnas en las elecciones del 27 de septiembre pasado.
Los impulsores de la secesión insisten en que no acatarán la decisión del TC, pero seguir adelante significaría hacer efectiva una desobediencia que los podría llevar a la inhabilitación, una situación que puede tener consecuencias impredecibles para el movimiento independentista.
No es la primera vez que el gobierno español presenta un recurso de este tipo ante el Constitucional.
Ya lo hizo el año pasado cuando vetó la iniciativa catalana de realizar un referéndum secesionista y luego una consulta simbólica, y un año antes también recurrió una resolución con la que Cataluña se declaraba «sujeto político soberano».
Pero sólo en el caso más reciente de la consulta simbólica del 9 de noviembre de 2014 los secesionistas desobedecieron. Y por ello, Mas y dos altos cargos de su actual gobierno fueron imputados por varios delitos.
Ante los obstáculos legales, Mas diseñó una estrategia alternativa que pasaba por la celebración de las elecciones regionales en clave plebiscitaria que tuvieron lugar el 27 de septiembre, en las que venció su lista Junts pel Sí, cuyo programa era desplegar una «hoja de ruta» para alcanzar la independencia en 18 meses.
De entrada apuestan por la desobediencia, de ahí que piden al futuro gobierno de transición que sólo se someta a las leyes del Parlamento catalán, y que en el plazo máximo de 30 días elabores normas para «blindar» el proceso.
El Ejecutivo catalán aún no se conformó y corre riego de truncarse debido a que la CUP se niega a apoyar la reelección de Mas, quien mañana se volverá a someter su candidatura a votación.
En tanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional advirtió que en el marco del proceso independentista se podrían cometer graves delitos como la sedición, penado con hasta 15 años de prisión, o rebelión, castigados con entre 25 y 30 años.
