Juan Carlos I, el indecente amigo del ex presidente argentino Mauricio Macri, se ha marchado de España. El rey emérito ha comunicado a su hijo, Felipe VI, su “meditada decisión” de trasladarse al extranjero ante la “repercusión pública” de las noticias sobre sus cuentas en paraísos fiscales y “para contribuir” a que el jefe del Estado pueda desarrollar su función “desde la tranquilidad y el sosiego” que el cargo requiere, según la carta difundida este lunes por la Casa del Rey, informa en su edición web El País, de España.
El comunicado se ha hecho público unas horas después de que don Juan Carlos abandonara el palacio de la Zarzuela, donde ha residido en los últimos 58 años, y cuando muy probablemente se encontraba ya fuera de España, según fuentes próximas a la Casa del Rey. El comunicado no especifica en qué país vivirá a partir de ahora el padre de Felipe VI, de 82 años de edad, y presenta su salida como una decisión voluntaria, aunque consensuada con su hijo, que le ha mostrado su “sentido respeto y agradecimiento” por el paso que ha dado.
Para dejar claro que la marcha de don Juan Carlos no supone un intento de eludir la acción de la justicia (la Fiscalía del Tribunal Supremo español y también la de Suiza están investigando sus cuentas en el extranjero), su abogado, Javier Sánchez-Junco, ha hecho pública una segunda nota en la que asegura que su cliente “permanece a disposición en todo momento del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna”.
Finalmente, Juan Carlos I no perderá el título honorífico de rey, que le fue concedido por un real decreto de junio de 2014, pocos días antes de su abdicación. El padre de Felipe VI se había negado a renunciar voluntariamente a este título, que no conlleva ningún privilegio asociado, y su hijo no ha querido despojarlo del mismo contra su voluntad, como hizo con su hermana Cristina a raíz del caso Urdangarin.
En la misiva dirigida a su hijo y difundida por la Casa del Rey, Juan Carlos I asegura que “con el mismo afán de servicio a España que inspiró” su reinado y, “ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados” de su “vida privada”, ha tomado la “meditada decisión” de trasladarse en estos momentos “fuera de España”. El padre del Rey asegura haber tomado esta decisión para “contribuir a facilitar el ejercicio” de las funciones de jefe del Estado por parte de su hijo. “Mi legado, y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen”, apostilla.
Tras recordar que a finales de mayo del año pasado decidió apartarse de la vida pública y dejar de desarrollar actividades institucionales, Juan Carlos I sostiene que da este paso desde “el convencimiento de prestar [así] el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones” y al propio Rey. Una decisión que toma, añade, “con profundo sentimiento pero con gran serenidad”.
“He sido Rey de España durante 40 años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y para la Corona”, concluye la carta de Juan Carlos I, que se despide de Felipe VI con estas palabras: “Con mi lealtad de siempre. Con el cariño y afecto de siempre, tu padre”.
La Casa del Rey asegura que Felipe VI ha transmitido a don Juan Carlos su “sentido respeto y agradecimiento ante su decisión”. “El Rey desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia; y, al mismo tiempo, quiere reafirmar los principios y valores sobre los que esta se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico”, concluye el comunicado.
La decisión anunciada este lunes se esperaba desde que, el pasado 4 de julio, EL PAÍS desveló que la examiga del rey emérito, Corinna Larsen, había declarado ante el fiscal suizo que don Juan Carlos le donó 65 millones de euros que supuestamente le había regalado el rey de Arabia Abdullah bin Abdulaziz, A partir de ese momento se produjo un goteo de informaciones sobre las cuentas del anterior jefe del Estado en paraísos fiscales que amenazaban con erosionar el prestigio de la Monarquía.
El 8 de julio, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de “inquietantes y perturbadoras” esas noticias, pero dejó claro que cualquier decisión al respecto correspondía al jefe de la Casa del Rey; es decir, al propio Felipe VI. Varios ministros urgieron al jefe del Estado a tomar una decisión drástica ante el temor de que el escándalo salpicara a la institución.
El Rey ha querido, sin embargo, concluir la gira por las 17 comunidades autónomas que inició el pasado 23 de junio, tras el levantamiento del estado de alarma por la crisis del coronavirus, para evitar que este asunto eclipsara su propósito de impulsar la recuperación económica de los sectores y territorios más golpeados por la pandemia. Solo una vez concluida esta gira, la semana pasada en Asturias, y tras presidir el pasado viernes en San Millán de la Cogolla (La Rioja) la Conferencia de Presidentes autonómicos, decidió abordar este asunto.
Ha querido hacerlo, además, antes de que los Reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía inicien unas vacaciones de 10 días en Baleares que, al contrario que en años anteriores, no incluirán una recepción en el palacio de Marivent, pero sí un recorrido por las islas. La reina Sofía no ha acompañado a don Juan Carlos al extranjero sino que se encuentra ya en Palma de Mallorca, a donde viajarán el próximo fin de semana los Reyes y sus hijas, según ha confirmado la Casa del Rey.
Según las fuentes consultadas, el Rey ha consensuado la decisión final con el Gobierno y con su propio padre, de forma que la medida se presentara, como así ha sido, como una iniciativa de este último y no como una imposición. No obstante, la salida adoptada deja flecos pendientes: se ignora en qué país residirá Juan Carlos I (La Zarzuela no quiere develarlo alegando el respeto a su intimidad) y de qué vivirá, después de que Felipe VI le retirase en marzo pasado la asignación de casi 200.000 euros anuales que recibía de los presupuestos de la Casa del Rey.
A pesar de haberse marchado de España, Juan Carlos I no solo sigue siendo rey emérito, sino que también sigue formando parte de la familia real (Felipe VI la redujo a sus padres y sus hijas, tras excluir a sus hermanas) y, como tal, está sujeto a la normativa dictada en 2014 por su sucesor, que prohíbe a sus miembros recibir regalos de terceros incompatibles con su posición.
Los problemas para Juan Carlos I comenzaron en el verano de 2018, cuando agentes de la Policía Judicial suiza enviados por el fiscal Yves Bertossa entraron a registrar la gestora de fondos del administrador de fortunas Arturo Fasana. En aquel registro, Bertossa halló dos fundaciones con cuentas en bancos suizos. La fundación de Liechtenstein Zagatka, de Álvaro de Orleans, primo lejano del rey emérito, que pagó vuelos privados de Juan Carlos I y de Corinna Larsen; y la fundación panameña Lucum, cuyo primer beneficiario era Juan Carlos I y el segundo Felipe VI.
Cuando se hizo pública esta noticia en marzo de 2020, el actual jefe del Estado anunció que renunciaba a la herencia de su padre y comunicó que un año antes Corinna Larsen había enviado una carta a La Zarzuela informándole de que el nombre del actual Rey aparecía junto a los de sus hermanas como beneficiarios de esa fundación. La Casa Real tomó la decisión de informar al Gobierno y acudir a un notario para rechazar cualquier dinero de estas cuentas.
La investigación suiza reveló que Arturo Fasana ingresó el 8 de agosto de 2008 en la cuenta de Lucum en la banca privada Mirabaud 100 millones de dólares (64,8 millones de euros al cambio de entonces) procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. Cuatro años después, el dinero fue transferido por orden del entonces jefe del Estado a una cuenta en Nassau (Bahamas) del banco Gonet & Cie a nombre de la sociedad instrumental Solare, propiedad de Corinna Larsen. Bertossa embargó las cuentas de los sospechosos y abrió una causa secreta por blanqueo de capitales contra los implicados en la creación de la estructura y en la recepción del dinero.
El rey emérito no está siendo investigado en este momento, aunque fuentes judiciales suizas no descartan que lo sea en el futuro. La información enviada por Suiza a las autoridades judiciales españolas ha arrojado dudas sobre conductas del rey emérito posteriores a junio de 2014, cuando perdió el blindaje constitucional de la inviolabilidad. Aunque ya sea imputable, el rey emérito está aforado en el Supremo, por lo que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, decidió a principios de junio que la Fiscalía del alto tribunal asumiera el caso. Esta fase de la investigación debe determinar si hay indicios suficientes de que el anterior jefe del Estado pudo cometer algún delito desde que dejó el trono. Los investigadores trabajan fundamentalmente con dos: blanqueo de capitales (intentar ocultar el origen ilícito del dinero) y delito fiscal (un fraude a la Hacienda pública superior a 120.000 euros).