En un comunicado, la organización con 40 años de trayectoria que reúne a más de ochenta profesionales de medios de todo el mundo, denunció los ataques de Milei y sus partidarios a los periodistas, por lo que propuso crear “una mesa de diálogo” e “invitar a los poderes Legislativo y Judicial a atender la cuestión”.
La asociación advirtió que “el acceso a la información oficial se ha visto crecientemente menoscabado en el último año” y se quejó de que cambiaron las condiciones para la cobertura.
Los corresponsales extranjeros denunciaron limitaciones al acceso a la información, a lo que sumaron que debieron tomar recaudos extra para preservar su seguridad, mediante el uso de cascos y máscaras respiratorias, ante el incremento de la violencia en las manifestaciones callejeras.
El estatuto de la Asociación establece entre sus objetivos apoyar “el libre acceso de los corresponsales extranjeros a las fuentes de información”, “defender el derecho a la difusión de la misma” y “promover la libertad del ejercicio de la actividad periodística y protegerla de todo tipo de coacción, injerencia, agresión, discriminación u obstáculos directos o indirectos, así como los que afecten a las personas de los corresponsales extranjeros, de conformidad con el art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, en cuanto establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, explicaron.
Como ejemplo mencionaron las recientes restricciones en la acreditación de reporteros gráficos durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, que encabezó el presidente Milei el sábado 1 de marzo; y las medidas de seguridad extra que, ante el clima de violencia creciente, muchos periodistas se ven obligados a tomar para realizar su trabajo en coberturas de protestas, marchas y movilizaciones de la sociedad civil argentina.
La Asociación recordó su repudio y preocupación ante hechos que terminaron con periodistas heridos “producto del actuación policial dependiente del Gobierno nacional”. Y agrego: “Cabe destacar que el presidente Javier Milei no ofreció ninguna conferencia de prensa desde que asumió hace catorce meses”, con lo que su comunicación con medios extranjeros es “extremadamente selectiva, según los criterios políticos y condiciones arbitrarias impuestas por Presidencia”.
Los corresponsales extranjeros se quejaron de que “el acceso a ministros y altos funcionarios es de reducido a nulo” y que a pesar de que el portavoz Manuel Adorni brinda conferencias de prensa, eso “no reemplaza la información provista de primera mano por los jefes de Gobierno y Estado”.
“De hecho, recientemente el vocero del Presidente anunció un inminente cambio de modalidad para el desarrollo de dichas instancias con un nuevo protocolo de selección de quienes podrán estar acreditados en la Sala de Prensa de Presidencia y que incluiría, entre otras situaciones, un “botón silenciador” para evitar repreguntas de los periodistas profesionales o acallar intervenciones que no sean de su agrado”, dijeron los periodistas.
Los corresponsables señalaron que es necesario “el intercambio y la legítima discusión con la prensa” en un clima de “respeto a estándares básicos del diálogo democrático, sin agravios ni acusaciones falsas, como las proferidas a diario por el presidente Milei, funcionarios, legisladores oficialistas y partidarios”.
“Procedimientos como los enunciados vulneran el derecho de los ciudadanos a recibir información independiente y las garantías de los periodistas para ejercer su trabajo acorde a los parámetros estipulados en la legislación vigente, avasallando la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información y el respeto por el trabajo periodístico profesional”, dijeron. Por eso propusieron “la apertura de una mesa de diálogo con el Gobierno para reconsiderar procedimientos que contradicen la letra de la Constitución, e invitar a los poderes Legislativo y Judicial a atender la cuestión”. (Diario La Nación)