La Resolución General 5752/2025, publicada en el Boletín Oficial, deroga la normativa anterior (Resolución General 3.285) que exigía a entidades como escribanos, bancos, compañías de seguro y casas de cambio informar al organismo sobre toda operación económica, incluso las gratuitas, en las que intervinieran residentes y representantes de sujetos o entes del exterior. Esta obligación convertía a estas instituciones en agentes de información clave para el Estado, permitiendo un seguimiento más detallado de los movimientos de capital transfronterizos. La nueva medida elimina este requisito, dejando en manos de las propias entidades la decisión de informar o no.
La justificación oficial de la decisión se basa en el Decreto 353/2025, que encomienda al organismo tributario la simplificación y desregulación de trámites para promover una administración pública más eficiente y al servicio del ciudadano. Sin embargo, para los críticos, esta simplificación tiene un costo muy alto en términos de transparencia y control. Al eliminar la obligatoriedad de la información, se reduce la capacidad del Estado para rastrear el origen del dinero y prevenir actividades criminales.
Riesgos de la falta de control
El principal riesgo que esta medida plantea es el de un incremento en el lavado de dinero y el ocultamiento de riquezas. Al no haber un requisito de información, se facilita que capitales de origen criminal —como el narcotráfico, la corrupción o la evasión fiscal— puedan ingresar al sistema financiero y legalizarse sin mayores obstáculos. Esto no solo debilita la lucha contra el crimen organizado, sino que también pone en riesgo la reputación internacional del país y puede llevar a una mayor desigualdad social, al permitir que grandes fortunas evadan impuestos sin rendir cuentas.
A pesar de la derogación del régimen, ARCA ha intentado calmar las aguas al aclarar que la decisión se toma «sin perjuicio de la continuidad de las acciones de control» que la agencia lleva a cabo. No obstante, expertos en la materia señalan que estas acciones de control se verán seriamente obstaculizadas por la falta de información obligatoria. Sin la colaboración activa de los agentes privados, el seguimiento de los flujos de dinero se vuelve una tarea mucho más compleja, lo que genera un escenario propicio para que los capitales ilícitos encuentren en Argentina un refugio seguro.