La nueva ley de trata de personas, que aprobó la Cámara de Diputados por unanimidad, fue celebrada hoy por distintos sectores de la sociedad, que destacaron la necesidad de profundizar medidas de prevención de este delito.
Los puntos fundamentales de la ley, alrededor de los cuales se expresaron distintos referentes sociales, son el agravamiento de las penas para los culpables del delito de trata y la ampliación de derechos para las víctimas, entre los cuales, está el hecho de que su consentimiento no es causal de eximición de responsabilidad penal para los delincuentes.
Mabel Bianco, titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), dijo a Télam que «la modificación implica un avance importante que repara lo que en 2008 no se incluyó en la ley 26.364».
«Lo aprobado es un gran avance respecto al reconocimiento de los derechos de las víctimas, la penalización de los responsables y la creación de organismos de ejecución y control de políticas públicas»
En este sentido, afirmó que «ahora toca implementar las políticas para enfrentar la corrupción que alimenta la trata, y esto no es solo en la justicia, también funcionarios gubernamentales y fuerzas de seguridad son claves».
Por su parte, Alex Freyre, de Buenos Aires SIDA e integrante del Instituto Nacional del Hombre contra el Machismo (INAHCOM), celebró la reforma de la ley y señaló que «más allá de la persecución sobre el crimen de trata lo que hay que hacer es proteger a las mujeres que logran salir de esas redes».
Freyre destacó el aspecto de la reforma que exige tomar el testimonio de las víctimas en Cámara Gesell y «sin la presencia de sus torturadores y explotadores».
«Brindar un testimonio de este tipo es muy duro, entonces es fundamental que se hayan garantizado estas condiciones adecuadas y que se le tome una sola vez la declaración para impedir la revictimización», indicó.
Manuela Castiñeira, de la organización Las Rojas, del Nuevo Mas, destacó que la aprobación de la nueva ley de trata «es producto de la movilización del movimiento de mujeres y de la sociedad en general, que está exigiendo una respuesta ante el drama y la esclavización para explotación sexual».
Asimismo, destacó que «la reforma contiene aspectos que ya desde el feminismo se venían exigiendo desde que se sancionó la ley anterior, como el hecho de que el consentimiento de la víctima no exime la culpa del proxeneta» y aclaró que «no alcanza con esta ley: hay que avanzar en el desmantelamiento de las redes».
En tanto, Romina Amor, de la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres, celebró «la sanción de las modificaciones a la ley» y se mostró esperanzada en que «esta ley sirva como herramienta para el trabajo efectivo y real contra el desmantelamiento de las redes de proxenetismo organizado».
Fabiana Túñez, de La Casa del Encuentro, reafirmó que la reforma de la ley «es un paso muy importante que fue pedido por todas las organizaciones que trabajamos con el tema».
De los aspectos modificados, Túñez destacó la posibilidad de eliminar el consentimiento como eximición del delito, el agravamiento de las penas y la creación de los Consejos Federales.
A su vez sostuvo, que «es imprescindible un cambio del paradigma cultural que nos involucre a todos y que uno sepa que tiene una responsabilidad cuando paga por sexo».
En tanto, Georgina Orellano, de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos (AMMAR) expresó su preocupación «porque la cláusula de ‘consentimiento’ puede llegar a venirse en contra de las trabajadoras sexuales».
«No todo es trata, nosotras tenemos compañeras que trabajan en forma particular y se reivindican como trabajadoras sexuales; no queremos otro trabajo, queremos que se regule», precisó.
Añadió que «se debe castigar a quienes cometen el delito de trata, y no perseguir a la trabajadora sexual».