La Corte Suprema de Justicia pidió este martes un informe al gobierno nacional sobre el aumento en las tarifas de los servicios públicos, que deberá presentar dentro de los próximos diez días. Debido a la feria judicial, el máximo tribunal de Justicia recién resolvería el tema en agosto.
Finalmente el máximo tribunal ordenó al Gobierno que explique «cómo ha sido la evolución de las tarifas de gas desde el dictado de la ley 25.561 y, de corresponder, el impacto que esta evolución ha provocado en la prestación del servicio».
A la Corte sólo llegó un pedido de per saltum por una causa judicial con un fallo contrario al aumento de tarifas en Mendoza, pero que tiene injerencia sólo en esa jurisdicción del oeste del país.
Los dos únicos fallos que podrían ser extensivos a todo el país fueron dictados en Córdoba y La Plata y aún no han llegado a la la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que este tribunal no tiene un caso concreto sobre el cual pueda decidir sobre el aumento de tarifas en todo el país.
De esta manera, los cuatro integrantes del máximo Tribunal se reunieron esta mañana, y definieron abrir la instancia del «per saltum» sin pronunciarse sobre su validez, con un pedido de informes exhaustivo al Ejecutivo y la exigencia de convocar a una audiencia pública para definir el cuadro tarifario.
Los sondeos informales no auguraban buenas nuevas para la Casa Rosada, que ya sintió el golpe del fallo de la Cámara Federal de La Plata, por lo que se apresuró a un «reseteo judicial» con nuevas resoluciones que buscan dejar abstractos todos los planteos ya judicializados sobre las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía.