El gobierno de Estados Unidos instó al embajador de Ecuador en Washington, Luis Gallegos, a que abandone el país «lo antes posible» en respuesta a la misma actitud que el martes adoptó Quito con su embajadora, Heather Hodges. La reacción de Estados Unidos, que al igual que Ecuador con Hodges declaró persona no grata al diplomático acreditado, incluye además la suspensión de la ronda del diálogo bilateral estipulada para junio y una alta probabilidad de que Washington no extienda los beneficios arancelarios a las exportaciones ecuatorianas estipulados en el sistema de preferencias ATPDEA para países andinos, informaron las agencias de noticias ANSA, DPA y Prensa Latina.
«La injustificada acción del gobierno ecuatoriano al declarar a la embajadora (Heather) Hodges persona no grata no nos ha dejado otra opción que esta acción recíproca», explicó en un comunicado la oficina para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado.
De acuerdo con la información oficial, el subsecretario de Estado estadounidense para asuntos de América Latina, Arturo Valenzuela, llamó por teléfono esta mañana a Gallegos para informarle de la decisión de declararlo persona no grata, bajo el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
«Se le pidió que parta de Estados Unidos lo antes posible», señala el comunicado firmado por el vocero de la oficina de Valenzuela, Charles Luoma-Overstreet, en el que se da a entender que éstas podrían no ser las únicas medidas que adopte Washington en respuesta a la marcha de Hodges.
«Estados Unidos está interesado en una relación positiva con Ecuador, pero la lamentable e injustificable decisión de declarar a la embajadora Hodges persona no grata tendrá que ser tenida en cuenta en el futuro», subrayó el Departamento de Estado.
Además de la suspensión de la ronda de negociaciones bilaterales de junio, también fue cancelada la visita del subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Frank Mora, que se iba a reunir en Ecuador con el ministro de Defensa, Javier Ponce, según informó la vocera de la embajada estadounidense en Quito, Martha Youth.
Por otra parte, Ecuador está a la espera de que el Senado de Estados Unidos prorrogue los beneficios del sistema de Preferencias Arancelarias Andinas especial para los países andinos, conocido como APTDEA, por el cual algunas exportaciones de esas naciones no pagan tarifas en el mercado estadounidense como compensación a la lucha contra el narcotráfico.
El congresista demócrata Eliot Engel, alto miembro del Subcomité de Asuntos Exteriores para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, advirtió que la decisión de Quito también podría hacer peligrar la renovación de la ATPDEA.
El manejo de esas preferencias suele utilizarse como herramienta política por parte de Washington, como ocurrió con Bolivia, al que le fueron retiradas la preferencias.
El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, calificó hoy la respuesta de Estados Unidos como «absolutamente explicable» y aseguró que el gobierno de Correa conocía «la posibilidad de esta reacción», ya que «diplomáticamente es lo que se acostumbra a hacer».
El martes, el gobierno de Ecuador declaró persona no grata a la embajadora estadounidense en Quito y le pidió que abandonara el país por haber afirmado que el presidente Rafael Correa conocía supuestos actos de corrupción policial.
La posición del gobierno ecuatoriano fue adoptada luego de que Hodges se reuniera el lunes con Patiño para ofrecer explicaciones sobre sus conceptos plasmados en cables diplomáticos filtrados al sitio Wikileaks y publicados por el diario El País de España.
Según los despachos reproducidos por el periódico, la embajadora mencionó la posibilidad de que Correa nombrara al general Jaime Aquilino Hurtado como comandante general de la Policía aun conociendo de supuestos actos de corrupción por parte del oficial, que desde ayer es investigado por la Fiscalía de Ecuador.
Patiño explicó el martes en conferencia de prensa que la embajadora no ofreció una «información satisfactoria», razón por la cual el gobierno le pidió que abandonara el país y aclaró que no se trataba de una expulsión ni de una acción «en contra del gobierno» de Estados Unidos, sino dirigida a «una funcionaria que hizo declaraciones graves».
El mismo día, la Casa Blanca calificó la medida de Quito como una «expulsión injustificada», defendió a su embajadora y anunció que estudiaría sus «opciones» para responder a la acción del gobierno de Correa, respuesta que llegó hoy con una actitud de reciprocidad.
Antes de conocer sobre la salida forzada de Gallegos, Correa indicó que buscará la solidaridad regional en caso de que Estados Unidos buscara represalias por la también forzada partida de Hodges.
«No sabemos la reacción de Estados Unidos, pero aquí en caso de ser necesario buscaremos la solidaridad regional porque ya América Latina, pese al intento de algunos exportadores por vender un poquito más, dejó de ser patio trasero y no es colonia de nadie», afirmó Correa en una entrevista radial.
Desde la asunción de Correa al poder, en enero de 2007, las relaciones con Washington tuvieron varios momentos de tensión, entre ellos cuando Quito sospechó de la participación de Estados Unidos en el bombardeo a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano por parte del Ejército colombiano.
El pedido de salida de Hodges tiene un antecedente a inicios de 2009, cuando el gobierno de Correa expulsó a dos diplomáticos estadounidenses, a los que acusó de entrometerse en asuntos