La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España solicitó una pena de dos años de prisión para los ex propietarios de Aerolíneas Argentinas, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, por un delito fiscal de 99 millones de euros cometido tras la compra de la compañía aérea en 2001.
En su escrito de acusación publicado este jueves, el fiscal Miguel Angel Carballo pide la misma condena para Antonio Mata, ex presidente de la compañía aérea de bandera argentina, reestatizada en 2008 por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El representante del Ministerio Público reclama además que los acusados pierdan la posibilidad de obtener subvenciones públicas o incentivos fiscales para sus empresas durante cinco años y paguen una indemnización conjunta equivalente al dinero defraudado a la Hacienda Pública en España, es decir, 99 millones de euros.
El dinero corresponde al impago del impuesto de Sociedades que debía haber declarado la empresa Air Comet, compañía aérea de Marsans, tras la compra de Aerolíneas Argentinas (AA) al Estado español hace once años.
En 2001 la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España vendió sus acciones a Air Comet, entonces presidida por Antonio Mata, por un valor simbólico de 1 dólar y se hizo cargo del pasivo de la compañía por 300 millones de dólares que tenía como destino el pago a los acreedores de la sociedad.
Un año antes, la SEPI había hecho con el 99,2% de las acciones de la sociedad propietaria de Aerolíneas Argentinas y Austral (Interinvest), que afrontaba enormes pérdidas tras la gestión de la compañía por parte del consorcio Iberia, que a su vez había comprado la aerolínea de bandera argentina en 1990 en plena ola privatizadora del gobierno de Carlos Menem.
Según el juez instructor de la causa, con el dinero aportado por la SEPI, los tres socios de Air Comet pagaron deudas por valor de 272,87 millones de dólares (207,357 millones de euros), créditos que quedaron cedidos a Air Comet con el compromiso de aportarlos posteriormente al capital social de Aerolíneas Argentinas.
Pero como el dinero aportado por la SEPI era considerado beneficio, los propietarios de Aerolíneas debieron declarar 99,04 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades, algo que no hicieron.
De acuerdo con la investigación, Air Comet y la empresa Royal Romana Playa, vinculada a Mata, habrían utilizado el dinero para adquirir 90% de las deudas presentadas al concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas en diciembre de 2002, con el fin de controlar los derechos de voto en ese concurso, que terminó con una quita de 60 % de la deuda.
El traspaso de Aerolíneas a los empresarios del grupo Marsans -por cuya reciente quiebra Díez Ferrán está acusado de apropiación indebida de 4,4 millones de euros- ha sido objeto de un largo proceso de investigación en España que se inició en 2004 en un juzgado mercantil de Madrid y luego pasó a la Audiencia Nacional, por decisión del Tribunal Supremo español.
En septiembre de 2011, el juez de Instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decidió procesar a Díaz Ferrán, Pascual y Mata sólo por delito fiscal con penas que van desde uno a cinco años de prisión- pero al mismo tiempo descartó delitos de malversación de fondos públicos, falsificación, estafa procesal y fraude, denunciados en 2006 por el abogado Rafael Caro Moya, representante de acreedores de la compañía aérea.
Según la acusación, Air Comet malversó los fondos que recibió de la SEPI porque los utilizó para ampliar su participación en Aerolíneas Argentinas a través de una compleja operación, en lugar de abonar las deudas de los acreedores; todo ello con la complicidad de la sociedad pública.
Sin embargo, el juez instrucción exonera a los tres ex directivos de la SEPI acusados.