La Ley de Seguridad Ciudadana -como se denomina oficialmente- fue aprobada en marzo gracias a la mayoría absoluta del gobernante PP y con el rechazo de prácticamente toda la oposición política.
Rajoy promovió esta iniciativa -una de las más emblemáticas de su Ejecutivo-, coincidiendo con el aumento de la movilización social contra los sucesivos ajustes neoliberales implementados en el país.
Los grupos opositores y los movimientos sociales la han bautizado con el nombre de «ley mordaza» porque entienden que lo que se pretende es limitar la libertad de expresión y de manifestación.
La ley encontró una gran resistencia en las calles y el proyecto original fue suavizado después de que informes de órganos consultivos del Estado detectaran que algunas propuestas excedían los límites de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución española y tratados internacionales.
Durante el último debate previo a su aprobación definitiva, el diputado socialista Ignacio Sánchez Amor insistió en que la iniciativa del PP no respondía a una demanda de la ciudadanía y que buscaba recortar los derechos de reunión y manifestación.
Desde la izquierda, diputados como Ricsardo Sixto o el independentista Joan Tardá, recalcó que los mecanismos desplegados por la norma retrotraen a España a la «época del franquismo».
El TC aceptó recientemente un recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta diputados del parlamento español, que entre otros puntos, cuestionaron la legalización de las «devoluciones en caliente», como se conoce el rechazo automático de los inmigrantes «sin papeles» que entran a España a través de los enclaves norafricanos de Ceuta y Melilla, fronterizos con Marruecos.
En este asunto, la reforma incumple la normativa internacional al violar el derecho de los inmigrantes a solicitar asilo, refugio y protección internacional.
Humor? gráfico que describe la situación de España bajo la ley «mordaza».
La «ley mordaza» se tramitó en paralelo con el endurecimiento del Código Penal español, del que desaparecieron las faltas, que se transformaron en conductas punibles e infracciones sobre las que se deben pagar cuantiosas multas.
Las sanciones van de los 30.000 a 600.000 euros en caso de ser «muy graves», de 601 a 30.000 las graves y de 100 a 600 las leves.
Y entre la infracciones graves figuran las manifestaciones que no son comunicadas a las autoridades y perturban gravemente el orden público, así como la desobediencia o resistencia a la autoridad o la negativa a disolver reuniones o manifestaciones.