Dirigentes empresarios y políticos coincidieron hoy que las investigaciones que lleva adelante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) «no significan una persecución a nadie». Consideraron que se trata del ejercicio de la potestad que le confiere a este organismo la Constitución Nacional para verificar que «se cumpla con las obligaciones fiscales».
«Los grandes contribuyentes estamos en auditoría permanente; me parece correcto que así sea, que se investigue», remarcó el secretario de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, quien aseguró que no le consta que este tipo de sondeo «tenga una intencionalidad política».
Así se refirió a los dichos del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien ayer ratificó que el organismo se encuentra verificando la situación impositiva del director general de Administración de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Marchi, y de la empresa Ratio, de la cual son propietarios, entre otros, los hijos del titular de ese cuerpo, Ricardo Lorenzetti.
De Mendiguren, en diálogo con radio Diez, indicó que «cuando uno consume más de tanto o realiza una transferencia o un pago por más de un determinado importe, o compra un automóvil o una casa, o paga un alquiler, todos esos datos se interrelacionan» en la AFIP, y opinó que «eso está bien».
También el vicepresidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), Juan Carlos Lascurain, subrayó que el seguimiento que la AFIP hace de los grandes contribuyentes «no es una persecución», sino que sostuvo que «es algo normal que se ha hecho siempre».
«Tengo controles periódicos, tengo que presentar certificados fiscales para contratar y participar de licitaciones; permanentemente le estoy rindiendo cuentas a la AFIP. Y para nada siento que sea una persecución; una cosa es el control y otra es la persecución», subrayó Lascurain a Télam.
Señaló que la fiscalización de la AFIP «no es una cosa que empezó antes de ayer con esto» de la investigación referida por Echegaray, y sostuvo que «son las cosas que hace normalmente un recaudador: controlar stock, consumos, pagos, cobros de los grandes contribuyentes».
«No me extraña que se investigue a los grandes contribuyentes», indicó Lascurain, quien destacó: «Me llama la atención que se pretenda instalar esto como una persecución, o algo con intencionalidad política, cuando es una cosa normal que se ha hecho siempre y está dentro de las funciones de la AFIP».
En la misma línea, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat aseguró que, con su pedido de explicaciones a la AFIP sobre la investigación de un contribuyente particular, «la Corte Suprema de Justicia, en especial su presidente Ricardo Lorenzetti, incurrió en una violación de la división de poderes que es el sustrato esencial de la doctrina del estado de derecho».
«Ningún habitante de ninguna manera puede sentirse violentado o exento de la posibilidad de una investigación fiscal que refiera al pago regular de los tributos de la ley, porque esa es la potestad que tiene la AFIP, porque está en la Constitución del Estado nacional, de recaudar impuestos y contribuciones, sobre la base de la igualdad ante la ley», indicó Barcesat a Télam.
El constitucionalista remarcó que «el poder político, como administrador, debe ejercer el rol de recaudar y verificar que se cumpla con las obligaciones fiscales que pesan sobre los ciudadanos».
Puntualizó que «si hay omisión u ocultamiento, la AFIP puede solicitar documentos, acreditación de satisfacción de compromisos fiscales y, eventualmente, realizar una denuncia ante la justicia tributaria, en su aspecto civil o penal».
«Nadie puede verlo ni denunciarlo como una afectación de la potestad por ser funcionario público; veo una continuidad en la conducta de los ministros de la Corte, al hacer una reunión extraordinaria para analizar esto», sostuvo Barcesat.
Advirtió que «sentirse autorizados para citar a los funcionarios de la AFIP a que den explicaciones sobre lo que hacen o dejan de hacer, por fuera de cualquier causa judicial, es de una irregularidad absoluta».
Por su parte, el diputado nacional Héctor Recalde (Frente para la Victoria) dijo que «si hay una situación compleja, la AFIP tiene que investigar, sea quien sea» el contribuyente.
«Los que no declararon trabajadores, la AFIP tiene presunción de que deberían tenerlas y mandó no a un ministro de la Corte, no a un ministro del Gobierno, no al senador que es presidente de la Comisión de Acuerdos, sino a todos ellos y a 500.000 personas más» la notificación correspondiente, dijo el legislador a radio Milenium.
En referencia a la queja de Lorenzetti contra la AFIP, Recalde dijo que «esto tomó estado público no por la AFIP, sino por los trascendidos de la Corte y después porque manifiestamente cinco ministros de ese cuerpo acordaron que se entreviste personal administrativo judicial con el organismo recaudador».
«No fue la AFIP la que le dio trascendencia, el Estado público se lo dio la Corte», destacó el diputado, quien señaló que «puede ser que en una sociedad esté un hijo o dos hijos de Lorenzetti y que Lorenzetti piense… pero bueno, si faltaba una declaración jurada o hay compraventa de un inmueble con una empresa extranjera, si hay una situación compleja, la AFIP tiene que investigar, sea quien sea» el contribuyente.
