Rafael Correa superó el jueves por la noche -con el apoyo de militares leales, la movilización popular y los gobiernos de la región- un intento de golpe de estado montado sobre un amotinamiento de policías que lo agredieron y lo tuvieron secuestrado diez horas en un hospital. La sublevación, que conmovió a la comunidad internacional, dejó dos muertos y 50 heridos.
Al hablar desde el palacio de gobierno el presidente dejó claro que luego de este «triste día», porque «se derramó sangre ecuatoriana», los responsables de la sublevación serán sancionados. «No habrá ni perdón ni olvido», aseguró.
El presidente fue rescatado mediante un asalto de fuerzas militares y policiales leales que se tirotearon con los sublevados. Según la Cruz Roja hubo dos uniformados muertos y decenas de heridos.
En tanto, miles de ecuatorianos habían salido a las calles en defensa del gobierno constitucional, y se congregaron tanto ante la sede del gobierno como en torno del hospital donde Correa fue secuestrado. La crisis disparó una cumbre de emergencia de la Unasur.
Los jefes de estado de los países miembros confluyeron anoche en Buenos Aires, y en las primeras horas de hoy emitieron un enérgico repudio al intento de golpe, así como la advertencia de que nuevos intentos de quiebre del orden constitucional serían respondidos con sanciones.
Los policías se habían amotinado por la mañana del jueves en el Regimiento de Quito, el principal cuartel del país, en protesta por la Ley de Servicio Cívico, sancionada esta semana, que supuestamente recortaba salarios a efectivos de seguridad y militares.
La protesta se expandió a otras dependencias y a algunas unidades militares. La Fuerza Aérea tomó la pista del aeropuerto de Quito.
El amotinamiento derivó en caos en la capital ecuatoriana. Bancos y comercios cerraron sus puertas ante el temor a eventuales saqueos y delitos.
El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia en todo el país. Se suspendieron los vuelos locales e internacionales y las clases.
El mandatario pasó por una situación de peligro cuando concurrió al regimiento ocupado por efectivos en huelga, y fue agredido con puñetazos, piedras y granadas de gas, incluso una que le estalló a centímetros de su rostro. Al menos un miembro de su custodia fue herido.
Correa fue llevado al hospital policial donde fue atendido con oxígeno y de la herida en su rodilla derecha, donde tiene 22 puntos se sutura por una operación de la que convalece.
Pero en el lugar, líderes de los amotinados le dijeron que no podría salir de allí a menos que derogara la ley de Servicio Cívico.
«Qué ignorancia. Creer que un presidente puede derogar una ley. Qué ignorancia. Creer que estaban dialogando con un cobarde», comentó Correa por la noche ante una multitud a la que habló desde el Palacio Presidencial, ya repuesto en el cargo.
«De aquí salgo presidente o salgo cadáver», dijo el mandatario a sus captores. Correa relató que recibió a tres delegaciones de los huelguistas, quienes admitieron que ahora ganaban más que en otras épocas y que no habían leído la ley que supuestamente les reducía las remuneraciones, y se disculparon.
La cúpula militar, a través del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ernesto González, manifestó a poco de iniciado el motín policial su «respeto al estado de derecho».
Los manifestantes, que intentaban llegar hasta el lugar donde estaba Correa, fueron atacados por los policías sublevados con gases lacrimógenos, según informó en conferencia de prensa el ministro de Seguridad, Miguel Carvajal.
El mandatario fue rescatado fuerzas militares y policiales especiales que al combatir con los sublevados sufrieron la muerte del sargento Froilán Giménez, así como 27 heridos, según informó el propio Correa, quien dijo desconocer si había víctimas entre los policías que lo capturaron.
Sin embargo, el portavoz de la Cruz Roja, Fernando Gandarillas, dijo que son dos los agentes muertos y que en total 37 personas sufrieron heridas, además de decenas de contusos y afectados por los gases lacrimógenos.
Minutos después de ser rescatado, Correa culpó al ex mandatario Lucio Gutiérrez por el episodio al hablar al final del «triste día», porque «se derramó sangre ecuatoriana», y advirtió que «no habrá ni perdón ni olvido».
Desde un balcón del Palacio de Carondelet, el presidente sostuvo que entre los sublevados «no todos son policías» sino que «hay infiltrados de partidos políticos».
Más tarde aún, sobre la medianoche en Ecuador (las 2 del viernes en la Argentina), Correa habló por la cadena nacional, luciendo la banda presidencial, y dijo: «Aquí no vamos a permitir que ocurra lo que ocurrió en Honduras», en alusión al golpe militar que derrocó al presidente constitucional Manuel Zelaya.
Correa afirmó que las tropas policiales y militares fueron manipuladas en un intento de golpe de estado y una conspiración «muy bien planeada» desde hace tiempo, y anunció una «profunda depuración» de la Policía Nacional, con sanciones a quienes lideraron y participaron en la rebelión.
La crisis también motivó una convocatoria urgente a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en una resolución condenó el intento de golpe de estado y manifestó su preocupación por la insubordinación policial.
La solidaridad también llegó a través de comunicados, declaraciones de voceros oficiales y llamados telefónicos a Correa, desde todos los países de América latina, la Unión Europea, Estados Unidos y las Naciones Unidas.