Universitarios de Chile anunciaron para el martes próximo un paro nacional y dos marchas para mañana jueves, tras el rechazo de seis universidades a la propuesta para superar la crisis de la educación del gobierno, que advirtió que impedirá esas manifestaciones, pese a lo cual los estudiantes las ratificaron. «La marcha (por la Alameda de Santiago) no va a ser autorizada y vamos a tomar todas las medidas necesarias para hacer respetar la decisión del gobierno», dijo el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, citado por el diario local El Mercurio.
Advirtió que «los gobiernos están para gobernar y cuando adoptan una decisión han de hacerla respetar y los ciudadanos deben entender que las decisiones del gobierno les son vinculantes».
Hinzpeter añadió que los estudiantes no están al margen de la ley y que si bien hasta ahora han sido «escuchados con atención, todo tiene un límite», por lo que el Ejecutivo tiene la obligación de decir «en forma categórica: se acabaron las marchas estudiantiles por la Alameda».
Por su parte, el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Freddy Fuentes, afirmó que si el gobierno no autoriza la marcha por la Alameda, la movilización se realizará «de todos modos».
La marcha de los secundarios está programada para el jueves a las 10.30 (11.30 en la Argentina) desde Plaza Italia y la organizada por la Confech (Confederación de Estudiantes de Chile) y el Colegio de Profesores, para las 18.30.
Por otra parte, si bien la Confech quedó en responder formalmente la propuesta del gobierno el viernes, las federaciones universitarias ya apuntan a su rechazo por ser «insuficiente y no responder a las demandas del petitorio» estudiantil.
En ese sentido ya se expresaron las federaciones de la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de Valparaíso, la Tecnológica Metropolitana, la de Tarapacá en Arica, la de Playa Ancha -tomada desde hace dos meses- y la de Santiago, a las que se suman varios liceos emblemáticos, como el Instituto Nacional y el Carmela Carvajal.
Guillermo Petersen, presidente de la Federación Universitaria de Concepción, afirmó que esa entidad rechaza la propuesta porque emana «de un acuerdo ideológico de esta clase política y no responde, por ejemplo, a cómo el Estado va a garantizar la educación como un derecho (constitucional), y sólo profundiza el endeudamiento» de los universitarios y sus familias, consignó el diario La Tercera.
«Hicimos un análisis de la propuesta del ministro y los estudiantes la consideraron un retroceso, porque se permite el lucro; no vemos ningún cambio estructural, al contrario, privatiza aun más la educación y perpetúa el endeudamiento», dijo por su parte Nataly Espinoza, titular de la Católica de Valparaíso.
En tanto, el ministro del Interior sostuvo que los dirigentes estudiantiles tendrán «la responsabilidad de no convocar a una marcha que la autoridad del país, del cual ellos son ciudadanos, ha prohibido».
Hinzpeter dijo que el gobierno sabe que es necesario mejorar la educación y por eso entregó una propuesta el pasado lunes, que ahora deberá discutirse, pero recalcó que «el tiempo de las marchas se acabó».
Posteriormente, el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, agradeció al Ejecutivo por defender a quienes viven, estudian y trabajan en la comuna, y emplazó a los jóvenes que lideran el movimiento de protesta a que vuelvan a clases.
Indicó además que cuatro de 15 liceos de la comuna de Santiago ya sobrepasaron el límite académico para perder el año escolar y el 12 de agosto se cumple el plazo para el resto de esos establecimientos secundarios.
A todo esto, aunque en general se encuentran «estables», según El Mercurio, algunos de los 33 estudiantes que se mantienen en huelga de hambre desde hace dos semanas ya comenzaron a presentar las primeras descompensaciones.
El vocero de los manifestantes, Miguel Rebolledo, indicó que hay algunos huelguistas que padecen «calambres, insomnio, dolor abdominal, confusión y dolor de cabeza».
Rebolledo indicó además que los estudiantes en ayuno han perdido entre tres y nueve kilos de peso.
Sobre la propuesta del gobierno, dijo que los manifestantes «están en desacuerdo» y anunció que la huelga de hambre «va a seguir hasta que nos respondan todas las demandas».
En esa línea, otro de los voceros, Cristian Silva, del Liceo Darío Salas, sostuvo que el documento es «una burla y no responde a las demandas que ha planteado el movimiento».
Por otra parte, los jefes de los partidos opositores de la Concertación suscribieron un documento de 18 páginas en el que superan discrepancias iniciales y concuerdan en rechazar explícitamente el lucro en las universidades, que mantuvieron durante los 20 de gobierno de esas fuerzas.