Un tribunal argentino condenó el jueves (31/03)a prisión perpetua al ex general Eduardo Cabanillas como responsable de Automotores Orletti, un centro clandestino de la dictadura (1976-1983), por donde pasaron víctimas del Plan Cóndor de coordinación represiva en Sudámerica. Hubo tres condenados más por el mismo tema.
«Condenamos a Eduardo Cabanillas (68 años) a la pena de prisión perpetua (…) por los delitos de homicidio en cinco oportunidades, privación ilegítima de la libertad en 29 oportunidades y tormentos en 29 oportunidades», según el fallo leído en la audiencia, entre lágrimas, aplausos y abrazos de los familiares.
«Esto es una reparación. Es cierto que si la justicia tarda, no es justicia. Pero este fallo es la consecuencia de 30 años de lucha para condenar a los culpables», dijo a la AFP en Buenos Aires Sara Méndez, una figura emblemática de los derechos humanos en Uruguay.
El Tribunal sentenció además al ex policía del servicio de inteligencia Raúl Guglielminetti a 20 años de cárcel y a los agentes civiles de inteligencia Eduardo Ruffo y Horacio Martínez Ruiz a la pena de 25 años de cárcel cada uno, por secuestros y tormentos.
El Plan Cóndor consistió en un intercambio de información y prisioneros entre las dictaduras sudamericanas de los años 70 y 80.
«Por Orletti pasó más de un centenar de opositores sudamericanos, la mayoría uruguayos, pero también chilenos, bolivianos, peruanos y dos funcionarios de la embajada de Cuba», dijo a la AFP el abogado querellante Rodolfo Yanzón.
En Montevideo, un centenar de personas, entre víctimas y autoridades uruguayas, aplaudieron el fallo, transmitido en vivo, al aire libre y por pantalla gigante en la embajada argentina.
Abrazada por decenas de familiares y activistas humanitarios tras la audiencia, en el día de su cumpleaños, Méndez fue prisionera en Automotores Orletti, en el barrio de clase media de Flores, y trasladada luego en avión a Uruguay por militares de su país junto a otros 140 compatriotas, la mayoría aún desaparecidos.
«Se ha hecho justicia. Pero aún estamos buscando al bebé de mi amiga y compañera de militancia Alicia Chuburu, secuestrada cuando estaba embarazada de siete meses», dijo a la AFP María del Carmen Costa, quien también lagrimeaba y se besaba con otros familiares.
En cambio, en la bandeja superior de la sala, del tamaño de un pequeño teatro con decoración modernista, familiares de los condenados se ponían de pie para entonar el himno nacional.
«¡Juicio y castigo para los terroristas!», gritaba entre ellos a voz en cuello Cecilia Pando, esposa de un militar, y la líder más conocida de las organizaciones que reivindican el accionar represivo en la dictadura.
Afuera del edificio que ocupa dos manzanas cerca del puerto, al anochecer, decenas de militantes cantaban «como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar», mientras agitaban banderas de los países cuyos ciudadanos fueron víctimas en Orletti.
«Aquí soy solidaria. He dado testimonio en otro juicio por robo de bebés porque, secuestrada, vi con vida a Laura Carlotto, hija de Estela de Carlotto (líder de Abuelas de Plaza de Mayo), cuya nieto Guido sigue apropiado», dijo a la AFP Alcira Ríos, otra sobreviviente de los centros clandestinos.
Uno de los casos ventilados durante el juicio fue el de Marcelo Gelman, hijo del poeta y periodista argentino Juan Gelman, cuya esposa María Claudia García, sigue desaparecida desde que fue detenida cuando estaba embarazada.
García fue llevada clandestinamente de Orletti a Uruguay y su hija, Macarena Gelman, estuvo apropiada por un policía uruguayo, pero recuperó su identidad en 2000.
El cadáver de Marcelo Gelman apareció en 1989 en el interior de un tambor relleno de cemento en un río de la provincia de Buenos Aires.