El día 16 de abril trascendió que se dio un brote de COVID en la residencia de adultos mayores «Lalita», en Posadas, con 16 contagiados (trece de ellos residentes) y un fallecido. Sin que aun se conozca la evolución de los pacientes, esta semana se supo de otro brote en un ancianato clandestino de la capital provincial. Se trata de una residencia cuyo nombre es «La Familia», ubicada en Francisco de Haro, a pocas cuadras de Trincheras de san José. Dada la escasa información oficial, por ahora se puede hablar de por lo menos seis residentes contagiados y una trabajadora. Podría haber consecuencias legales, pues los responsables de la residencia no facilitaron la vacunación de los residentes en su momento. Ya son diez las residencias con casos COVID notificados en lo que va del año.
«La Familia», administrada por Nora Cordero, aloja a 22 adultos mayores.
La institución, de cuyo registro no hay antecedentes, fue visitada por miembros del Observatorio de Derechos Humanos de los Adultos Mayores (Defensoría del Pueblo de Posadas) el jueves 15/04.
En en lugar se constataron diversas irregularidades: la primera de ellas es que funciona sin habilitación alguna y no cumplía con los protocolos establecidos por Salud Pública de Misiones, que regula el funcionamiento de las residencias de larga estadía. Y menos aún con los específicos en pandemia.
El ingreso de personas sin control de temperatura; el retiro y reingreso de residentes por parte de sus familiares, lo que eleva considerablemente el riesgo de contagios, así como la falta de constancias de vacunas anticovid, que -según dijo la encargada- estaban en poder de algunos familiares que llevaron a vacunarlos, aunque admitió que no pidió el servicio a Salud Pública.
La bomba biológica detectada no se pudo desactivar, porque al día siguiente de la visita, un paciente presentó un cuadro febril y el sábado 17/04 los familiares la llevaron a hisopar; el test dio positivo, regresándola de manera imprudente a la residencia.
Este lunes la responsable se comunicó con Salud Pública y se testeó a toda la población con el resultado de seis residentes y una trabajadora positivos.
Salud Pública no informó sobre el estado de salud de los pacientes ni de qué manera fueron aislados los positivos del resto de los residentes, o la forma que se cumplirá con los protocolos para evitar más contagios y vacunar a quienes no recibieron aún la vacuna.
Más allá de la situación planteada, estrictamente sanitaria, hay una responsabilidad ausente en los administradores del establecimiento, quienes negaron a sus residentes la posibilidad de haberse vacunado en tiempo y forma, lo que debe tener consecuencias legales.
Desde enero fueron diez las residencias en las que se presentaron casos de COVID19, destacándose los brotes de este año en Oberá (El Remanso, trece contagiados, tres fallecidas); Eldorado (Santa Marta, 30 contagiados, cuatro decesos); Esperanza (catorce contagiados; no se informó sobre el número de óbitos); Iguazú (San Ramón, nueve contagiados, tampoco se informó el número preciso de fallecimientos); Eldorado (Los Abuelos, 19 contagiados, una residente fallecida); y cinco de Posadas: La Familia (22 residentes, siete contagiados; seis de ellos residentes), Lalita (16 contagiados, de ellos, trece residentes, y un fallecido), Abuela Inda (trece contagiadas, once de ellas residentes), Padre Pío (una paciente) y San José (tres contagiados), en las que los pacientes evolucionaron satisfactoriamente.
