Cinco ex policías misioneros juzgados en cuarto juicio por delitos de lesa humanidad

En lo que será una juicio histórico para Misiones cinco ex policías misioneros son juzgados desde el martes por crímenes de lesa humanidad. Se trata de Carlos Omar Herrero, ex jefe de la Policía, Felipe Nicolás Giménez, Julio Argentino Amarilla y Carlos Alberto Pombo, todos de la fuerza, además del médico policial Guillermo Roque Mendoza. 

juzgado

Durante la dictadura cívico militar formaron parte de la cúpula de la Policía provincial que, según la acusación, aplicaba dolorosas torturas a presos sin el debido proceso legal, detenidos por su militancia o la supuesta pertenencia a alguna organización «terrorista», como el Movimiento Agrario de Misiones o la Unión de Estudiantes Secundarios. Entre estos últimos estuvo el actual jefe de Gabinete provincial Ricardo Escobar.

Se trata de Carlos Omar Herrero, ex teniente coronel a cargo de la Policía desde el 9 de junio de 1976 hasta fin de ese año; Felipe Nicolás Giménez, ex comisario de la Policía de Misiones; Guillermo Roque Mendoza, médico de la Policía en esa época; Julio Argentino Amarilla, un ex agente y Carlos Alberto Pombo, parte del grupo de tareas de la fuerza que operaba en la Jefatura, en la Casita de Mártires y en el Rowing Viejo.

Los delitos que se les imputan son privación ilegítima de la libertad, tormentos y amenazas en 61 causas comprobadas.

El proceso concita mucha atención, ya que es la primera vez que todos los procesados son misioneros. El vicegobernador Hugo Passalacqua presenció el debate, al igual que el ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta y otros funcionarios provinciales. También estuvo Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la Confederación General de Trabajadores, quien destacó la evolución de los juicios por lesa humanidad en todo el país. El defensor de los derechos humanos de Paraguay, Martín Almada, también presenció la apertura del debate.

Por su parte, Soria Vieta resaltó que los acusados tienen todas las garantías constitucionales, lo que no sucedía durante la dictadura con las víctimas de la represión.

El juicio arrancó con un intento de nulidad por parte de la defensa, argumentando que se sumaron delitos que no figuraban en la elevación de la causa, lo que derivó en la nulidad de ese planteo de la fiscalía. Así, quedarán sin juzgar, en este caso, los delitos cometidos contra el dirigente agrario Igor Peczak y Orlando Sicardi, un martillero público y empleado de la Legislatura Provincial, quien era estudiante y militaba en la JP.

El Tribunal está conformado por los jueces Rubén Quiñónez y Eduardo Ariel Belforte de la Justicia Federal de Formosa y Norberto Rubén Giménez de Resistencia, debido a que los magistrados misioneros fueron recusados por haber ya emitido fallos en juicios previos.

La fiscalía es ejercida por Vivian Andrea Barbosa, quien llevó adelante el equipo de investigación que permitió elevar a juicio la causa. «Han pasado 36 años y es difícil y será un proceso difícil por la edad de los acusados», indicó la funcionaria.

En este proceso se juzgan crímenes cometidos en el Departamento de Informaciones, el destacamento policial conocido como Casita de Mártires y la Casita del Rowing, todos centros clandestinos de detención dependientes de la policía de Misiones.

Dos de los implicados, Herrero y el ex comisario Giménez, serán juzgados por privaciones ilegítimas de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en 42 hechos.

Ambos estaban a cargo de la Jefatura de la Policía y del Departamento de Informaciones de la Policía de Misiones, respectivamente.

También será sometido al proceso judicial el ex sargento Amarilla, quien trabajaba con Giménez y el ex agente Pombo.

El tercer imputado es Guillermo Roque Mendoza, médico de la Policía en esa época, acusado de privaciones ilegítimas de la libertad agravada y de aplicación de tormentos en tres hechos.

Mendoza fue el primero en declarar por la tarde ante el Tribunal y negó siquiera conocer a Graciela Franzen -quien lo había denunciado- o a Hugo Salinas o Ricardo Escobar -hoy jefe de Gabinete del Gobierno provincial, por entonces un joven de 16 años-. Sin embargo, la fiscalía y la querella detectaron contradicciones entre lo que declaró en la sustanciación de la causa y lo que dijo el martes. Antes había dicho que atendió a mujeres en la Jefatura de Policía y anoche aseguró que nunca había tenido contacto con ellas.

También, pese a que negó haber conocido a Franzen, dijo con toda seguridad que cuando estuvo presa, estaba con los ojos vendados, por lo que no podría reconocerlo.

En su defensa, el médico que hasta ahora trata pacientes en Posadas, se desdijo y admitió haber tratado algunas mujeres y que sabía que Franzen estaba vendada por «haberlo leído en el expediente».

La declaración fue sumamente engorrosa, ya que Mendoza padece sordera, lo que demoró las preguntas y repreguntas de los abogados.

Pese a que en todo momento Mendoza negó pertenecer a un grupo de tareas o de haber colaborado con el Ejército -que estaba a cargo del gobierno en Misiones-fue el médico que certificó la muerte entre otros de Pedro Peczak y describió con lujo de detalles cómo encontró el cuerpo: «Despedazado a tiros».

En el mismo procedimiento hizo la autopsia de Susana Ferreira y Carlos Samudio -quien en realidad había sido asesinado en Margarita Belén, en Chaco-, también muertos a balazos.

«Me gustaba mi trabajo y era muy minucioso», precisó Mendoza, quien tuvo que ser asistido por una mujer para que le repita las preguntas de abogados y jueces por su sordera.

Su abogado, César Edgardo Ortellado y su hijo tuvieron que ser reprendidos por el Tribunal. El primero por maniobras dilatorias y contactos con el acusado en momentos de la declaración. El familiar, por pretender intervenir para ayudar a su padre y después por hablar con él durante un cuarto intermedio. Por eso, la sala estuvo a punto de ser desalojada.

Después de casi dos horas, el Tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy a la mañana. Julio Amarila, Carlos Herrero y Carlos Pombo se abstuvieron a declarar y hoy arrancará Giménez, quien junto a Herrero  es juzgado por privaciones ilegítimas de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en 42 hechos.

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