El diario La Nación cuenta desde hace casi 10 años con una medida cautelar que impide a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cobrarle una deuda estimada en 280 millones de pesos, según se afirma en una nota publicada en Pagina 12.
De acuerdo a la investigación realizada por el escritor y periodista Horacio Verbitsky, La Nación obtuvo en octubre de 2003 una medida cautelar que «le permitió descontar hasta hoy de su liquidación del IVA lo que pagaba como aportes patronales, con el argumento de que el crédito fiscal seguía vigente hasta que el Poder Ejecutivo encontrara la «solución alternativa».
En el artículo periodístico se detalla, en base a información de la AFIP, que La Nación «dejó de pagar 150 millones de pesos de capital, a los que suma otros 130 millones de intereses, para llegar al total de 280 millones».
La causa se originó en los acuerdos de competitividad de 2001que intentaron prolongar con «inyecciones de benevolencia fiscal la agonía del sistema de convertibilidad monetaria», revela el artículo de Página/12.
En junio de 2001, el decreto 730 permitió que los medios de comunicación no pagaran el impuesto a la ganancia mínima presunta y computaran las contribuciones patronales sobre la nómina salarial como crédito fiscal en el momento de la liquidación del IVA.
Este auxilio -agrega el artículo periodístico- debía prolongarse hasta marzo de 2003, pero en noviembre de 2001, otro decreto también firmado por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y el ex Presidente Fernando De la Rúa (1387/01) extendió ese beneficio a todos los contribuyentes para el período fiscal a iniciarse en abril de 2003.
El ingreso al acuerdo de competitividad requería la preservación del empleo y el congelamiento del precio de tapa de los diarios, pero La Nación y otros medios incumplieron ese compromiso, aduciendo el aumento de costos.
Luego, en marzo de 2003, el diario La Nación, al igual que el resto de los medios de comunicación y el sector de transporte de carga, se vio beneficiado con la excepción por el «plazo mínimo y acotado» de cuatro meses del decreto de necesidad y urgencia 746, que eliminaba el cómputo de las contribuciones patronales como crédito fiscal.
Meses después, el 30 de octubre de 2003 el juez en lo contencioso administrativo federal Osvaldo Guglielmino resolvió que mientras el Poder Ejecutivo no encontrara la solución alternativa, los medios podrían seguir descontando los aportes patronales en la liquidación del IVA, tal como pretendían.
El 6 de noviembre de 2008 los camaristas Marta Herrera y Carlos Grecco, de la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, levantaron la medida cautelar dictada por Guglielmino, pero siete meses después la Corte Suprema de Justicia decidió que «la medida provisoria sería permanente, hasta que la propia Corte Suprema resolviera si es legítimo o no que La Nación siga descontando los aportes patronales».
Por último, en el artículo de Página/12 se informa que cuando la AFIP pidió que la fijación de un «límite razonable» para la vigencia de las medidas cautelares decidida por la Corte Suprema en octubre de 2010, se aplicara también a los impuestos que no paga La Nación, el máximo tribunal convocó a una audiencia de mediación, que «no se hizo pública y sobre la cual tampoco hay información disponible en el Centro de Información Judicial (CIJ). Allí la AFIP rechazó que los considerandos del decreto 746 pudieran ser tomados como un compromiso».
«Pero alegó que si la justicia lo consideraba así, el Poder Ejecutivo ya había dado dos soluciones alternativas: la ley 26476, de diciembre del 2008 de regularización de deudas tributarias» y el decreto 1145 al vencer el plazo el 31 de agosto de 2009 y que previo a ese fecha el gobierno firmó convenios de canje de pasivos fiscales por espacios de publicidad con varios centenarios de medios de comunicación.
La mayoría de los medios, entre ellos Clarín, regularizaron sus deudas, y luego quedaron pendientes las deudas de La Nación, la editora Perfil, Y Radiodifusora del Centro, y el Cronista Comercial.
Verbistsky señala que «si la Nación fuera aceptado algunos de estos regímenes su deuda habría drenado 130 millones de intereses y podría haber pagado los 150 millones de capital en diez años o en canje por espacios publicitarios».
En ese sentido, el periodista señala que «la decisión de no hacerlo refleja antes una posición política-ideológica que un análisis de oportunidad y conveniencia comercial. Sin embargo, la deuda fue reconocida en los balances auditados de La Nación que la registraron como perdida».