La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ratificó la existencia de un «plan sistemático, una práctica permanente» para el robo de bebés nacidos cuando sus madres estaban en ilegal cautiverio durante la última dictadura. Carlotto calificó ese plan como «siniestro» y reiteró sus reclamos para que a los represores «les caiga todo el peso de la historia. No queremos revancha, solamente justicia para que se escriba la historia con toda la verdad» y señaló que ésa es «la única manera de que la democracia se convierta en permanente».
La titular de Abuelas reanudó el lunes su testimonio en el juicio oral y público contra los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone.
Junto a los ex jefes del Proceso, también son juzgados por el robo de bebés los represores Jorge «el Tigre» Acosta, Santiago Omar Riveros, Rubén Franco, Antonio Vañek, Juan Azic, y el médico Jorge Magnacco, a quien se le imputa su intervención profesional en los partos.
Tal como lo hizo el 30 de marzo último, cuando comenzó su testimonio, Carlotto recordó que el ex jefe de la policía bonaerense Ramón Camps, en declaraciones periodísticas reconoció que «yo mandé matar cinco mil subversivos, pero ningún niño», que estos «eran entregados a otras familias para que los educaran, porque si se los dábamos a sus abuelos, iban salir subversivos».
Los represores «parecen humanos pero no lo son», dijo Carlotto en referencia a los ex militares que en esta jornada no estuvieron presentes en la Sala de Audiencias de los tribunales de Comodoro Py 2002 de esta Ciudad.
Carlotto insistió en su reclamo para que «caiga todo el peso de la ley» sobre los represores imputados, ya que ésa es la «única manera de que la democracia sea permanente» y no deban existir «otras madres u otras abuelas que padezcan el calvario que nosotras vivimos».
La testigo aseguró que otra integrante de Abuelas le refirió que Bignone se habría «jactado» de que «yo también con mis manos he matado a subversivos».
Carlotto detalló las infructuosas gestiones que las mujeres realizaron ante las autoridades civiles, judiciales, militares y eclesiásticas durante la última dictadura y los logros de la organización que encabeza (como por ejemplo, la creación del Banco de Datos Genético) y los premios que obtuvieron.
«Dice el doctor que se cuide, porque podría aparecer en una zanja», fue el mensaje que le transmitió el custodio de un juez de menores luego de que el magistrado se negase a atenderla cuando fue a preguntarle por niños entregados en adopción y sólo le envió a su dependiente con el macabro mensaje.
También recordó que un recurso de «habeas corpus» que había presentado por su hija Laura recibió como respuesta judicial que «no se encuentra detenida y se desconoce su paradero» y ese mensaje le fue entregado, paradójica y cruelmente, «dos días después de haberla enterrado».
Las críticas no sólo va dirigida al rol de la justicia, sino también a la cúpula religiosa ante la que recurrieron, porque «el clamor nuestro era que la Iglesia hablase de nuestros nietos», sin embargo, no obtuvieron respuesta «salvo de cuatro o cinco obispos».
Todos los militares son juzgados en este proceso por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores y sustitución de sus identidades en 34 casos, entre los que están los hijos de Laura Estela Carlotto y Horacio Fontán; de María Claudia García Iruretagoyena y Marcelo Gelman y de María Hilda Pérez de Donda y José María Laureano Donda.
También los casos de los hijos de Alicia Elena Alfonsín de Cabandié y Damián Cabandié; de Norma Tato y Jorge Casariego; de Silvia Mónica Quintela Dallasta y de Abel Pedro Madariaga; de María Eloísa Castellini y Constantino Petrakos; de Stella Maris Montesano de Ogando y Jorge Oscar Ogando, entre otros.
Otros casos son los del hijo de Gabriela Carriquiriborde y Jorge Orlando Repetur; de Aida Sanz Fernández y Eduardo Gallo Castro; de María Asunción Artigas Nilo de Moyano y Alfredo Moyano; de Susana Beatriz Pegoraro y Rubén Bauer; de Cecilia Marina Viñas y Reynaldo Penino; y de Patricia Julia Roisinblit y Rodolfo Pérez Rojo, entre otros, también integran la nómina por la que deben responder los represores.