Integrantes de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) se reunieron en su sede para dar forma a un recurso legal que plantearán en contra del cobro de un fondo instrumentado por las propias entidades empresariales y sindicales del sector a escala nacional. Dicho fondo financia el Inacap, un instituto de capacitación creado en 2008. Los comerciantes posadeños afirman que desde Misiones se aportan más de seis millones de pesos a ese instituto y pese a ello todavía no se realizó ninguna actividad en territorio provincial.
Los comerciantes posadeños se resisten a contribuir al Inacap, un instituto de capacitación creado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) para brindar capacitación a los empleados de comercio y a los propios empresarios.
«Consideramos que esta contribución es ilegal e ilegítima. Supuestamente es un aporte para capacitar a nuestro personal, pero desde que fue creado el Inacap en 2008, no recibimos ni una capacitación en Misiones y eso de que se acá se llevan más de sies millones de pesos por año», señaló la presidenta de la entidad posadeña, Norma Blanco.
La titular de la CCIP explicó que desde esa cámara presentaron una propuesta al Inacap para construir, administrar y mantener un instituto de capacitación en Misiones con la tercera parte del dinero que el Inacap se lleva de la provincia, pero no tuvieron respuesta.
Blanco destacó que algunos comercios de Posadas le deben hasta 100.000 pesos al Inacap.
Para mantener al instituto de capacitación en funcionamiento, las cámaras empresarias nacionales y el sindicato cobran a todos los comercios del país un cargo mensual de 0,5 por ciento del salario de un empleado de la categoría más baja del convenio, por cada trabajador registrado.
Los integrantes de la CCIP plantean que el cobro del cargo para financiar el Inacap es ilegal porque no cuenta con el respaldo de una ley, sino por una resolución interna de las cámaras nacionales.