El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, dijo que de comprobarse que alguno de los condenados por el crimen del reportero grafico José Luis Cabezas trabaja para una compañía de seguridad de Pinamar «la cancelación de la empresa será inmediata». «Hay una ley provincial, la 12297, que organiza el servicio de seguridad privada y ésta empresa efectivamente depende de esa área, se reempadronó y formalmente de ningún modo figuran ni como socios ni como empleados» alguno de los condenados por el crimen de Cabezas, dijo Casal a radio Mitre.
El ministro se refirió a la denuncia formulada por la hermana del fotógrafo asesinado, quien dijo que los ex policías Sergio Cammaratta y Sergio Luna, ambos condenados por el crimen, aunque ya libres, trabajan para una empresa de seguridad privada de Pinamar.
Al respecto, Casal explicó: «Esta empresa básicamente es de alarmas, tiene solamente cuatro vigiladores, el resto es sistema electrónico y tiene dos socios, dueños y socios, pero es obvio que no van a figurar (Cammaratta y Luna) en caso que trabajen porque la propia ley excluye del servicio de seguridad privada a los policías que hubieran sido condenados con motivo del ejercicio de su actividad».
«Como nosotros confiamos en la información periodística -agregó- y fundamentalmente en la información de la hermana, que dice que informalmente puede estar trabajando, he dispuesto que el lunes empiece a trabajar que Asuntos Internos y el área de seguridad privada y realicen la investigación para buscar la verdad objetiva».
«Si efectivamente hay algún vínculo informal u oculto, la empresa será cancelada de inmediato como se hace con tantas empresas», expresó el ministro.
Casal dijo que si bien es partidario de la reinserción social de los condenados, en referencia a este caso puntual dijo: «En Pinamar específicamente hay tantas fuentes laborales en cualquier tipo de área y fundamentalmente en la construcción que tanto este señor Cammaratta como Luna pueden tranquilamente trabajar en cualquier área que no sea la seguridad porque justamente la seguridad es lo que la ley les tiene prohibido».
«Vamos a investigar la verdad objetiva para darle tranquilidad fundamentalmente a la familia que se siente muy dolida», agregó.
Cammaratta y Luna fueron condenados a reclusión perpetua por el asesinato del fotógrafo, cometido el 25 de enero de 1997, cuando varios hombres lo interceptaron y llevaron hasta la cava de General Madariaga, donde fue ejecutado de dos tiros en la cabeza.
Ambos ex policías fueron beneficiados por una reducción de penas que, sumado al beneficio del «dos por uno», le permitió acceder a la libertad.