La clave, según el director, reside en no observar únicamente el monto final en pesos, sino en realizar un seguimiento riguroso de los metros cúbicos consumidos en comparación con el promedio histórico que figura en la misma factura.
Una de las herramientas legales más potentes con las que cuenta el vecino es la obligación de refacturación automática bajo ciertas condiciones. Garzón Maceda remarcó que, si el consumo facturado supera en más de un 70% o 75% el promedio habitual del domicilio, la empresa prestataria tiene la obligación legal de refacturar el servicio sin dilaciones. En estos casos, el procedimiento se inicia con una presentación directa ante SAMSA y, en caso de recibir una negativa, el usuario debe acudir al organismo provincial para formalizar la denuncia y evitar quedar en situación de morosidad mientras se resuelve el conflicto.
El análisis de las causas de estos saltos en la facturación revela factores que van más allá del consumo real, como pérdidas invisibles que se filtran en el suelo misionero o el ingreso de aire en las cañerías tras cortes del suministro, lo cual puede activar erróneamente el medidor. No obstante, el funcionario fue tajante al delimitar las responsabilidades: mientras que las roturas internas dentro de la línea municipal corresponden al propietario, cualquier falla o pérdida situada desde la vereda hacia la red general es responsabilidad exclusiva de la empresa. Incluso se han detectado casos de conexiones clandestinas o «bypass» realizados por terceros que terminan impactando en el bolsillo de usuarios desprevenidos.
A pesar de que las estadísticas del organismo son alentadoras -con un 75% de las resoluciones a favor del consumidor-, persiste una tendencia a abonar las facturas elevadas por temor o desconocimiento, lo que impide la intervención de las autoridades. El organismo administrativo aclaró que, si bien no tiene facultades para modificar el contrato de concesión ni las tarifas mínimas establecidas (como los 15 metros cúbicos base), sí tiene el poder de sancionar a la empresa si esta incumple con el deber de información o con la correcta medición del servicio prestado.
Para garantizar una protección efectiva, se recomienda a los vecinos de la provincia realizar siempre el reclamo formal y, si es necesario, pagar únicamente el consumo mínimo promedio mientras se sustancia la investigación administrativa. El objetivo primordial es que el usuario no asuma costos derivados de ineficiencias del sistema o problemas técnicos ajenos a su voluntad. En un escenario de quita de subsidios y mayor presión fiscal, el control ciudadano sobre el medidor de agua se vuelve una tarea de supervivencia económica indispensable.