Cada 8 de marzo es una nueva invitación a reflexionar acerca de las desigualdades de género que persisten en la sociedad, y que condicionan expresamente las posibilidades de desarrollo de las mujeres en un entorno comunitario justo y equitativo.
Las políticas públicas pueden ser diferenciadas en dos, aquellas que son transversales a toda la sociedad, y las particulares con foco en determinados grupos sociales, cuya ejecución goza de un mayor grado de especificidad. Las políticas de género, que se encuentran en este último grupo, tienen el enorme desafío de buscar la equidad social en su conjunto, pero trabajando con un grupo meta especifico. El principal valor de las políticas públicas focalizadas reside en la capacidad de atender demandas de forma tal que se pueda poner especial atención en las vulneraciones de derechos que son persistentes en la sociedad, pero que sólo las sufren un determinado grupo social. Que el Estado defina un conjunto de herramientas programáticas hacia las mujeres posiciona y le da relevancia a un problema social, cultural y económico que invisibilizó durante décadas.
Si bien es un planteo que nos interpela todo el tiempo, cada 8 de marzo es una oportunidad especial para incursionar en un análisis más profundo sobre las desigualdades de género y la consecuente pobreza que persisten en nuestro país. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la pobreza rondaba al 40,1% en el primer semestre del 2023 y ya afectaba a 18,5 millones de personas, del cual el 9,3% ya estaba en situación de indigencia. Analizando hacia el interior de la sociedad se puede tomar la conclusión a la que arribaron la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el CONICET, quienes concluyeron que las mujeres tienen un 65% más de probabilidades de ser pobres que los hombres. En sintonía con ello, el Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) señaló que, para el segundo trimestre del 2022, las mujeres representaban el 64% de la población de menores ingresos, mientras que ganaban un 28,1% menos que los varones.
Esta realidad no se puede escindir de lo esbozado por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, quien señaló que, en Argentina, el promedio de horas semanales que dedican las mujeres de 15 años o más al trabajo doméstico no remunerado es de 33,2%, frente a las 17,6% de los hombres. Las mujeres, que asumen en su gran mayoría la crianza de sus hijos e hijas, conviven con una realidad social que marca que 6 de cada 10 menores de 14 años son pobres. Más aún, según el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, solo durante el año 2023 hubo 334 víctimas de femicidios y trans/travesticidios, lo que generó que 416 hijos e hijas, de los cuales 6 de cada 10 son menores de edad, se quedaran sin madre.
Si se analiza la terminalidad escolar de mujeres y varones, un factor clave para analizar la futura inserción en el mercado del trabajo y los ingresos percibidos por la realización de actividades laborales, un estudio de Argentinos por la Educación arrojó que, dentro del universo etario de 25 a 29 años, hay un 79% de mujeres con secundario completo o más, en comparación con un 68% de los varones. El mismo trabajo concluyó que en 13 de las 15 principales disciplinas universitarias, los hombres obtienen salarios superiores. De esto se desprende que, pese a contar con mayor formación académica, las mujeres ganan menos dinero.
Ante este escenario social que vive nuestro país, cabe preguntarse: ¿cómo no hacer foco específicamente en un grupo social que sufre constantemente las desigualdades sociales, culturales y económicas que se vienen reproduciendo hace años? ¿No hace a la eficacia del Estado el poder trabajar particularmente allí donde exista una desigualdad social y una vulneración marcada de derechos? En Argentina conviven 23.705.494 mujeres, y el índice de feminidad, es decir, el número de mujeres por cada cien varones es de 107. Si se analiza este mismo indicador para la población de 0 a 14 años, esa cifra disminuye a 97, pero aumenta a 140 si se toma a las mujeres de 65 años y más. ¿Realmente el Estado, la principal herramienta de transformación social, va a hacer oídos sordos a esta injusticia que sufrimos las mujeres?
A Aldeas Infantiles SOS no se nos hace esquiva la realidad social que atravesamos como país. Por ello, y en línea con los valores fundantes de la organización y las misiones que nos guían, expresamos nuestra preocupación por la falta de planes integrales de políticas públicas destinados a prevenir las violencias, abordar y acompañar a las mujeres que sufren las desigualdades existentes aquí mencionadas. Creemos que a toda intervención estatal se la debe dotar de superación constante para poder transformar la realidad que nos aqueja, pero nunca puede ser interrumpida drásticamente.
La promoción y defensa de los derechos de las mujeres no pueden variar según los gobiernos de turno, sino que deben ser una constante que se mantenga en el tiempo. Las políticas de género no son arbitrarias, sino necesarias. A las mujeres nos matan y somos víctimas del sistema desigual de género, necesitamos respuestas transformadoras e ingeniosas por parte del Estado para que esta situación se revierta definitivamente.
Como organización de la sociedad civil creemos que una comunidad más justa y equitativa solo puede ser posible con una mujer que goce del pleno ejercicio de derechos de manera equitativa libre de todas desigualdades. Hace años que desde Aldeas Infantiles SOS hemos incorporado las políticas de género a la planificación, ejecución y evaluación de nuestros programas, para lo cual hemos dado lugar la conformación de un Comité Nacional de Género que vele por su debida aplicación. Todos los días del año trabajamos por una sociedad que se reconozca libre de toda injusticia, pero no creemos que sea una tarea aislada e individual, sino que debe ser colectiva y plural. Para ello, y para afrontar cientos de injusticias, estamos al servicio de la comunidad. (Lucía Buratovich)