Desde el Ministerio de Prevención de Adicciones de la provincia, el subsecretario de Abordaje de Adicciones, Gustavo Marín, lanzó una advertencia cargada de preocupación ante lo que considera una «incógnita» regulatoria que expone a los jóvenes misioneros a daños pulmonares irreversibles y a una puerta de entrada directa hacia otras dependencias químicas.
En una provincia con una vulnerabilidad geográfica estratégica por su condición fronteriza, la liberalización de estos dispositivos -percibidos engañosamente como inofensivos por sus saborizantes- facilita el ingreso de productos con componentes desconocidos y potencialmente letales. Según el funcionario provincial, la decisión del Ejecutivo nacional ignora la evidencia científica que vincula al vapeo con patologías tan graves como la fibrosis pulmonar, cuadros que en países desarrollados ya han derivado en la necesidad de trasplantes urgentes en adolescentes.
La crítica del funcionario de Misiones apunta directamente a la desprotección que genera este nuevo marco normativo, donde la lógica del mercado se impone sobre la prevención sanitaria. Marín alertó que estos aparatos no solo son un vehículo para la nicotina -una de las sustancias más adictivas conocidas-, sino que la falta de fiscalización estatal permite que se conviertan en dispositivos para el consumo de THC y otras sustancias prohibidas, camufladas bajo gustos atractivos para el segmento infantil y juvenil.
Para la gestión sanitaria misionera, la medida del presidente ultraderechista representa un retroceso en décadas de políticas antitabáquicas. Mientras la Nación apuesta por un modelo consumista sin filtros, en la provincia preocupa el impacto en el desarrollo cognitivo de los menores y la aparición de insuficiencias respiratorias crónicas en pacientes que apenas comienzan su vida adulta, transformando una supuesta «libertad de elección» en una condena médica de por vida.
Frente a este escenario de incertidumbre, Misiones se ve obligada a redoblar sus esfuerzos en los factores de protección familiar ante la retirada del control federal. La advertencia es clara: sin una regulación estricta que elimine los saborizantes y controle los componentes líquidos, los vapeadores seguirán circulando como una trampa mortal en las calles misioneras, bajo el amparo de una desregulación nacional que parece despreciar las consecuencias humanas del ajuste y la apertura indiscriminada.