La polémica se intensifica al recordar que el aumento salarial no es una decisión discrecional, sino el resultado de un «enganche» automático de las dietas senatoriales a los haberes de los empleados legislativos, pactado de forma sigilosa por oficialismo y oposición en abril de 2024. Este acuerdo, que pasó por alto en el recinto sin debate público, vinculó los sueldos a un sistema de módulos, sumando además adicionales por gastos de representación y desarraigo —este último, percibido por casi la totalidad de los senadores, quienes incluso se agregaron una dieta extra anual a modo de «aguinaldo».
Con su reciente resolución, Villarruel traslada la «pelota caliente» a los propios senadores. En lugar de avalar o congelar el aumento, la normativa les otorga la «opción» expresa de aceptar la nueva liquidación o ajustar sus percepciones, informándolo por escrito a la Presidencia del Senado. Esta jugada estratégica blinda a la Casa Rosada de posibles críticas por convalidar los incrementos y, a la vez, expone directamente a cada legislador frente a la opinión pública.
La tensión en el Congreso es palpable. En las últimas semanas, legisladores del kirchnerismo ya habían advertido que no votarían ninguna resolución sobre el tema, delegando la responsabilidad en el oficialismo y los bloques dialoguistas. «Nos hartaron. Que hagan lo que quieran», sentenció un influyente legislador, reflejando la frustración ante la recurrente polémica y la falta de consenso para una solución definitiva.
Con el inminente cobro de estos millonarios haberes, el foco está ahora en los propios senadores. ¿Asumirán la «opción» de renunciar a parte del aumento, o la mayoría optará por mantener el controvertido esquema salarial, generando un nuevo escándalo de cara a la sociedad? La pelota está en su tejado, y la transparencia de sus decisiones será puesta a prueba en los próximos días.