La decisión judicial de octubre pasado fue el quiebre. En un contexto donde la dirigencia política, tanto provincial como nacional, apenas «espiaba» el drama social o se limitaba a denuncias públicas sin impacto inmediato, fueron los tribunales los que ejercieron la presión necesaria para reencauzar la situación.
La Justicia pone fecha de cobro
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicó la Resolución 12621/2025 que restableció las pensiones y ordenó la restitución de los pagos «a partir del período mensual en que fueran dispuestas las suspensiones». Sin embargo, según la coordinadora del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, los beneficiarios debieron esperar un mes más por cuestiones de liquidación.
«Estamos atentos a que se cumpla la restitución en todos los casos, que debería ser en forma retroactiva… En todos los casos que verificamos ya tienen fecha de cobro y por supuesto que eso nos pone felices porque las suspensiones fueron por cuestiones administrativas y no por evaluaciones realizadas a las personas», afirmó Antúnez.
La funcionaria destacó que estas bajas fueron «en forma irregular», subrayando que el accionar de la Justicia garantizó que miles de personas puedan volver a tener «un plato de comida para compartir con sus familias en estas fiestas».
La política, entre la denuncia y el banquillo
El material suministrado evidencia un quiebre en la acción:
La Inacción Política: Si bien hubo una «denuncia pública» del vicegobernador, Lucas Romero Spinelli, que reactivó algunas pensiones con Certificado Único de Discapacidad (CUD), la solución de fondo y la obligatoriedad del pago retroactivo vinieron desde los estrados judiciales.
La Resistencia Ejecutiva: A pesar de la orden judicial, la ANDIS apeló la decisión, aunque de todos modos se vio obligada a cumplir con la devolución de las pensiones, demostrando que fue la coacción legal, y no la voluntad administrativa, la que primó.
En Misiones, la Fiscalía de Estado impulsó un proceso colectivo, acompañando demandas particulares, agotando las instancias administrativas antes de recurrir a los tribunales, una estrategia que finalmente dio frutos.
El trámite pendiente y la demanda del CUD
A pesar del triunfo, Antúnez advirtió sobre la necesidad de hacer una «revisión del procedimiento general para no volver a cometer los mismos errores,» criticando el sistema de citaciones y la falta de descentralización.
Mientras se resuelve la cuestión de fondo y se espera que ANDIS retome las auditorías, la demanda por el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ha aumentado. Aunque no es un requisito excluyente para la pensión, la funcionaria recomendó gestionarlo, ya que ANDIS está «priorizando a quienes tienen CUD» y ahora es esencial para acceder a ayudas técnicas como sillas de ruedas a través del Programa Federal Incluir Salud.
Los beneficiarios ya pueden consultar sus cuentas en Mi ANSeS para verificar la fecha de cobro de diciembre, una victoria lograda por la intervención de la Justicia. (Con información del Diario Primera Edición)