La decisión, vigente hasta que lo cambien, dice que cualquier persona con algún grado de discapacidad intelectual en Argentina será desde ahora considerada “idiota”, “imbécil” o “débil mental”. El Gobierno del ultraderechista Javier Milei desempolvó términos ya en desuso para la evaluación de aquellos merecedores de una pensión por invalidez.
Tras conocerse el texto aseguraron que fue un error y que ya echaron a los responsables del mismo que fue rubricado por su máxima autoridad. Una excusa recurrente de los libertarios como lo fue cuando en un documento oficial nombraron como Falkland islands a la islas Malvinas.
La resolución de la ANDISs mereció el repudio de las organizaciones que representan al colectivo, que lo consideraron arcaico y discriminatorio y violatorio de resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a las que todavía adhiere Argentina.
Es habitual que Milei tilde a sus críticos de “idiotas”, “descerebrados” y “mogólicos”, cuando no apela al menos creativo “hijos de puta”. Suele decir que las cosas hay que llamarlas por su nombre, sin eufemismos de la “cultura woke”, a la que considera un “cáncer” que es necesario extirpar de la sociedad. Su verborrea ha calado también en la Administración. A finales del año pasado, la ANDis revisó el reglamento para el otorgamiento de pensiones por invalidez laboral, que utilizaba criterios acordes a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado por la ONU en 2008. En Argentina, ese texto tiene rango constitucional, pero la ultraderecha de Milei lo consideró demasiado laxo y, por lo tanto, una puerta al fraude. El 14 de enero, el Gobierno publicó en el boletín oficial un nuevo baremo que, en el apartado de Psiquismo cambia los niveles de discapacidad intelectual leve, moderada, grave o profunda por “idiota”, “imbécil”, “débil mental profundo, moderado o leve”.
“El idiota no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo. El imbécil no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias. El débil mental profundo solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias”, dice el anexo del decreto. ”En algunos casos, el diagnóstico puede no requerir la interconsulta de un especialista, como en el Síndrome de Down, cuadros demenciales en período de estado, debilidades mentales profundas, ya que los parámetros clínicos serán soberanos”, es decir, a la vista de todos, agrega el texto.
El nuevo baremo está copiado palabra por palabra de un decreto firmado en 1998 por el presidente Carlos Menem, peronista ultraliberal al que Milei considera fuente de inspiración. Bajo el título Normas para la Evaluación, Calificación y Cuantificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores, aquel texto desarrollaba en 48 páginas “una metodología de evaluación del deterioro psico-físico, con criterio uniforme, que permita determinar el grado de incapacidad” de aquellos que piden una pensión por invalidez. La norma fue modificada años más tarde para adaptarla a los requerimientos de la ONU.
Los cambios en la reglamentación pasaron prácticamente desapercibidos. Este jueves, la cuenta de X llamada Arrepentidos de Milei difundió el decreto y rápidamente lo volvió viral. Las organizaciones que representan al colectivo, sin embargo, ya habían hecho lo suyo. El 3 de febrero pasado, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras seis ONGs presentaron un reclamo al Ejecutivo para que derogue la normativa. “Esta regulación”, dice el texto, “implica un retorno al modelo médico de la discapacidad, y por lo tanto un grave retroceso para los derechos de este colectivo. El anexo de la resolución asume que hay personas que nunca podrán trabajar, y recurre a términos como ‘retraso mental’, ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’. Resulta innecesario ahondar en el carácter discriminatorio, obsoleto y peyorativo que ostentan estas formas de nombrar”.
El reclamo de las organizaciones no tuvo efecto alguno, hasta que el tema empezó a circular por las redes sociales y llegó a la prensa. Este mismo jueves, la ANDis dijo en sus redes sociales que había sido “un error” usar “términos de la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual que, en la actualidad, han sido discontinuados”. La resolución y su anexo, adelantó la agencia, “serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes”.