La polémica se desató después de que el Poder Ejecutivo, a través del Decreto 681/25, promulgara la ley pero simultáneamente suspendiera su implementación, argumentando que no hay partidas presupuestarias asignadas para su financiamiento. Este accionar fue calificado como «inédito» e «inconstitucional» por legisladores como el cordobés Oscar Agost Carreño, quien lidera la moción de censura.
La Constitución Nacional establece que Francos podría ser destituido con el voto de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras si las acusaciones son razonables.
El repudio a la decisión del Gobierno fue unánime entre distintos espacios políticos. El diputado socialista Esteban Paulón denunció la «crueldad» del decreto y señaló que «nunca un Gobierno incumplió una ley tan abiertamente».
Por su parte, la referente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, criticó que el Gobierno priorice «retenciones cero» a la exportación de granos sobre una ley tan sensible, cuestionando el discurso oficial sobre el equilibrio fiscal.
Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, también se sumó a las críticas, señalando que el Gobierno dice que «para eso no hay plata» refiriéndose a la discapacidad, pero sí la hay para el sector agropecuario.
Este contraste en las prioridades subraya una profunda división entre el oficialismo y la oposición, mientras que la falta de aplicación efectiva de la ley genera incertidumbre y angustia entre las personas con discapacidad y sus familias.
Mientras la moción de censura avanza, el Gobierno ha defendido su postura argumentando que la ley debe volver al Congreso para que los legisladores definan las fuentes de financiamiento.
Sin embargo, diputados como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) han sostenido que el Poder Ejecutivo no puede agregar pasos ni condicionar la vigencia de una ley ya aprobada. La situación genera un fuerte debate sobre la división de poderes y el cumplimiento de la ley en Argentina.