Con una mezcla de preocupación, resistencia y compromiso comunitario, miles de bibliotecas populares en todo el país se encuentran en estado de alerta frente al avance del decreto 345/25, firmado por el presidente Javier Milei y publicado el pasado 22 de mayo. La medida, que será evaluada esta semana en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso, plantea la reestructuración de varios organismos culturales y, en ese marco, la pérdida de autarquía de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CoNaBiP).
Desde su creación en 1870 por iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento, la CoNaBiP ha sido una herramienta clave en la promoción de la lectura, el fortalecimiento de las comunidades locales y el acceso igualitario al conocimiento. Respaldada por la Ley 23.351, esta institución cuenta con autonomía administrativa y un presupuesto propio equivalente al 1% de lo recaudado por la Lotería Nacional. El decreto de Milei eliminaría esa independencia, trasladando el manejo de fondos a la Secretaría de Cultura y limitando severamente su capacidad operativa.
“Nos cayó como un baldazo de agua fría”, expresó en la FM 89.3 Santa María de las Misiones Elsa “Tita” Tañski, vicepresidente de la Federación Misionera y delegada ante la CoNaBiP y la Confederación Argentina de Bibliotecas Populares. La dirigente advirtió que el decreto elimina la junta representativa federal -que incluía delegados de cada provincia-, y la reemplaza por un consejo de solo cinco miembros sin capacidad vinculante.
La modificación, además de representar un cambio estructural, diluye la autoridad de aplicación de la ley de bibliotecas, ya que la CoNaBiP deja de ser autónoma para depender de la Secretaría de Cultura, que a su vez depende del Ministerio de Capital Humano.
Tañski explicó que, más allá de lo institucional, la medida afectará el financiamiento de las más de 1.500 bibliotecas populares del país, ya que al perder su presupuesto propio, los fondos podrían distribuirse con discrecionalidad y sin responder a las necesidades reales de cada biblioteca.
“La junta representativa trabajaba ad honorem. Yo fui vocal por dos años y nunca cobré un peso del Estado nacional. Esta medida no significa ningún ahorro para el Gobierno”, remarcó. A su vez, subrayó que la degradación del organismo pondrá en riesgo los proyectos y programas culturales y educativos que las bibliotecas desarrollan a nivel local.
La referente también destacó que las bibliotecas populares argentinas son únicas en el mundo por su modelo de gestión mixto entre la sociedad civil y el Estado, vigente desde 1870. “Después de la Cruz Roja, somos la organización civil más antigua del país. Y eso nos quieren sacar”, lamentó.
Finalmente, llamó a toda la sociedad a acercarse y apoyar a sus bibliotecas locales. “Las bibliotecas no son solo para prestar libros, sino que guardan la memoria histórica de cada lugar, dan apoyo educativo en todos los niveles y son espacios culturales vivos. Nos quieren hacer creer que ya no tienen sentido, pero eso es mentira. En los países más avanzados están volviendo a estudiar con libros físicos porque la tecnología fragmenta el conocimiento”, concluyó. (FM Santa María de las Misiones y Diario Primera Edición)