El dato forzó al senador misionero Enrique Martín Goerling, un dirigente con vínculo directo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a reconocer la gravedad de la crisis. La precariedad salarial y el colapso sanitario son los principales motores de este éxodo, que pone en jaque la gestión de Bullrich, enciende las alarmas en el Congreso.
Lejos de ser un problema aislado, esta ola de renuncias es una clara expresión del profundo malestar estructural que atraviesan estas instituciones bajo la actual conducción del Ministerio de Seguridad. El propio Goerling, presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos de Seguridad Interior, confirmó que «las quejas son reales» y que desde el Congreso ya se trabaja en una subcomisión específica para abordar la problemática, admitiendo la crisis que atraviesan las fuerzas. El dato de sobre las renuncias se conoció a traves del portal MisionesOnline.
Números Alarmantes y Causas de un Éxodo Masivo
Entre enero y junio de 2025, un total de 2.273 agentes abandonaron sus funciones, distribuidos entre el Ejército Argentino (257 bajas), la Armada (234), la Fuerza Aérea (193), Gendarmería Nacional (386), Prefectura Naval (322), Policía Federal Argentina (412), Policía de Seguridad Aeroportuaria (177) y el Servicio Penitenciario Federal (292).
Los motivos son múltiples, pero dos factores se destacan por encima del resto: la precariedad salarial y la deficiente atención médica de las obras sociales. Fuentes internas y testimonios de los propios efectivos son contundentes: “Los sueldos no alcanzan para cubrir los costos de vida en destinos como Buenos Aires y el sistema de salud directamente no funciona fuera del AMBA”. Muchos de los agentes que renuncian son jóvenes de provincias que, al no poder sostenerse en las grandes ciudades, regresan a sus lugares de origen para buscar empleo en fuerzas provinciales o en el sector privado.
El Colapso de IOSFA: Una Obra Social en Terapia Intensiva
Uno de los factores más críticos que empujan a los agentes a abandonar las fuerzas es el deterioro de las obras sociales, especialmente IOSFA, que actualmente concentra la atención médica de todas las fuerzas armadas y de seguridad federales (alrededor de 600 mil afiliados en todo el país). Esta unificación, impulsada en gestiones anteriores y consolidada bajo la actual conducción política, generó un sistema sobrecargado y con fuertes desigualdades de cobertura entre provincias.
Las denuncias son lapidarias: en muchas regiones, los afiliados deben esperar meses para conseguir un turno médico, acceder a medicamentos o ser atendidos por especialistas, pese a que los descuentos por obra social en los haberes pueden alcanzar sumas siderales, desde los 100 mil hasta los 300 mil pesos mensuales o más. «Juntaron todo en IOSFA para agrandar la caja, pero lo único que hicieron fue colapsar el sistema», denunciaron retirados, lamentando la desaparición de las obras sociales específicas de cada fuerza.
El senador Goerling, cercano a Bullrich, reconoció que «la obra social ya venía con problemas arrastrados de gestiones anteriores», y señaló que «hubo un cambio de gestión, está desfinanciada». Si bien indicó que el gobierno de Javier Milei inició una auditoría interna para «reordenarla», admitió que la situación es «mucho más deficitaria en el interior del país», donde la caída de la prestación de uno o dos sanatorios puede volver la situación crítica.
Malestar que Traspasa Jerarquías y la Respuesta del Congreso
Las quejas se extienden desde los escalafones más bajos hasta el personal retirado, quienes comparten la percepción de un abandono por parte del Estado, tanto en lo económico como en lo sanitario. La pérdida de vocación, el desgaste y el desinterés oficial debilitaron estructuras que requieren estabilidad, inversión y planificación.
Mientras la ministra Bullrich intenta reforzar su discurso de orden y mano dura, los números muestran otra realidad: un sistema en retroceso, con condiciones laborales que expulsan a quienes alguna vez eligieron servir al país.
Ante este panorama, el senador Goerling confirmó que la comisión bicameral que preside avanza en la creación de una subcomisión específica. Esta nueva instancia no solo abordará el funcionamiento de IOSFA, sino también los reclamos salariales y de condiciones laborales que afectan a los miembros de las fuerzas. «Todavía no hicimos un pedido de informes formal, pero estamos trabajando en eso. Queremos tener una mirada más precisa, porque hay malestar y se refleja en todas las provincias», sostuvo.
Si bien el legislador aclaró que la función del Congreso no es decidir sobre la política salarial –tarea que corresponde al Poder Ejecutivo–, destacó que la Bicameral tiene facultades de control e información, incluso sobre fuerzas provinciales y municipales. «Nuestro rol es observar, recibir denuncias, analizarlas y peticionar ante las autoridades competentes», explicó, adelantando que se planea usar la comisión como un «observatorio de las policías provinciales» para canalizar denuncias por abusos o conflictos internos y actuar como mediación.
Goerling concluyó señalando que los decretos de reforma estructural impulsados por el Ministerio de Seguridad, que modifican el funcionamiento interno de las fuerzas, también están bajo la lupa. «Todo eso forma parte de un paquete de cambios profundos que también impactan en las condiciones laborales, en la obra social y en el ánimo del personal. Por eso vamos a seguir trabajando desde la Bicameral con todas las herramientas que la ley nos permite», afirmó. La crisis en las fuerzas de seguridad es un síntoma del desfinanciamiento y la desatención que golpea a áreas clave del Estado, desafiando la narrativa de «orden» del gobierno de Milei.