«No da bolilla al Congreso»: Una Crisis Institucional
Ambas leyes habían sido sancionadas con amplia mayoría en Diputados y Senadores, lo que significó un claro rechazo al veto presidencial. Sin embargo, el Gobierno esgrimió el artículo 5° de la Ley 24.629 para postergar la ejecución, un tecnicismo que, según los críticos, se convierte en un mecanismo para vaciar de contenido y de presupuesto las decisiones del Parlamento.
Esta acción subraya la vocación del gobierno del ultraderechista Milei de ignorar las facultades constitucionales del Congreso, actuando como si su voluntad estuviera por encima de las instituciones democráticas.
«Patético»: La Indignación de Médicos y Académicos
Las reacciones de los sectores directamente afectados fueron de indignación y alerta, vinculando la suspensión a una estrategia de «maquillaje» de ajuste en vísperas de las elecciones legislativas.
Mauro García, coordinador médico del Hospital Garrahan, no dudó en señalar que el Gobierno está cumpliendo un «plan de ajuste» y que el argumento del déficit fiscal es «patético».
«El Ministerio de Salud tiene un déficit, dicen. Es patético el argumento. Porque se supone que teníamos superávit. Pero para esto no hay dinero. Esta administración está cumpliendo con un plan de destrucción de la salud y la educación pública. Lo que hay que hacer es hacer reflexionar a la gente,» sentenció García, llamando a un voto de castigo en las urnas.
Por su parte, Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA, confirmó que la suspensión es una «treta» y un reconocimiento tácito de la deuda salarial, lo que lleva a un paro nacional.
«Se promulga, pero se suspende la puesta en marcha. Ahí mismo el Gobierno reconoce la deuda que tiene con nosotros, la inflación y los magros aumentos que nos impuso. Es un Gobierno que no convoca, no dialoga,» precisó Carboni, al tiempo que describió la crítica situación de los docentes que deben sumar segundos trabajos para subsistir, poniendo en riesgo la calidad de la enseñanza.
La Emergencia Pediátrica busca la recomposición salarial urgente del personal de salud y la inyección prioritaria de recursos para hospitales y trasplantes, mientras que la ley universitaria exige la actualización automática de gastos por IPC. La paralización de ambas normas mantiene el ahogo financiero de la salud y la educación pública, a pesar de la clara voluntad expresada por el Congreso Nacional.