El Estado argentino tiene oficinas que fueron desestimadas por la Institución y avanzó con el alquiler. Claramente el gobierno del ultraderechista Javier Milei tiene una mirada particular sobre el destino de los recursos. En este caso, muy grave, ya que quitan recursos a jubilados y pensionados.
Según el expediente Nº EX-2024-66403307-INSSJP-GAEI#INSSJP, el organismo decidió relocalizar las oficinas administrativas del «PAMI Escucha y Responde» debido a deficiencias edilicias en las instalaciones actuales ubicadas en la calle Paraná 468. El contrato de locación de ese inmueble había vencido en noviembre de 2023 y se prorrogó por seis meses hasta encontrar una nueva ubicación.
El nuevo edificio alquilado está ubicado en Bartolomé Mitre 402/430 y pertenece a la empresa Inversora Eslava S.A. El contrato es por 36 meses, con una actualización semestral del canon locativo. A pesar de que la Agencia de Administración de Bienes del Estado ofreció oficinas disponibles, estas fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos técnicos.
El contrato de alquiler de $65.000.000 mensuales, equivalente a aproximadamente US$52.845, fue pactado por un período de 36 meses, lo que representa un total de $2.340.000.000. Al tipo de cambio actual, esta cifra equivale a casi US$1.902.439.
El PAMI está pagando 65 millones de pesos mensuales por el alquiler del 5° piso, mientras que en el mismo edificio, Toribio Achával ofrece el 7° piso por USD 33.800 y en Argenprop se puede alquilar el 3° piso completo, con 1700 m² y cocheras, por solo USD 18.000. Esto significa que los afiliados al PAMI están pagando entre el doble y el triple que otros locatarios. Además, el organismo autorizó hasta mil millones de pesos en refacciones para adecuar el inmueble, que, a cuatro meses del inicio del contrato, sigue en obras, según reveló la investigación de El Disenso.
El informe de la Subgerencia de Recursos Físicos del PAMI señaló que el costo del acondicionamiento del nuevo inmueble oscila entre $133.555.680 y $1.003.337.046, dependiendo del nivel de intervención necesario. Según la valuación oficial, el precio de alquiler pactado es un 15,63% superior al estimado por los técnicos del organismo.
La compulsa abreviada Nº 500/24 se realizó el 29 de julio de 2024, con una única oferta presentada por Marcelo Adolfo Pocovi en representación de Inversora Eslava S.A. La firma inmobiliaria encargada de la operación, Miriam Campos S.A., recibirá honorarios por $46.800.000.
La adjudicación de dicho contrato generó críticas debido al elevado monto destinado a un alquiler sin atención al público y a la falta de competencia en el proceso de selección. Desde el organismo aún no han dado declaraciones sobre la contratación.
Un enfrentamiento previo entre Pocovi y la gestión Macri
Este no es el primer conflicto en el que se ve involucrado Marcelo Pocovi. En 2019, el empresario mantuvo una disputa con el gobierno de Mauricio Macri por una deuda millonaria de alquiler de otro inmueble utilizado por el Estado.
El edificio en cuestión, ubicado en Adolfo Alsina al 600, era utilizado por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). Según Pocovi, el contrato de alquiler con su empresa KABNER S.A. venció el 31 de octubre de 2018, pero la Secretaría de Trabajo continuó ocupándolo sin pagar el alquiler, generando una deuda de más de $25 millones. “Con la gestión anterior no tuvimos inconvenientes, incluso nos pagaban contratos por adelantado”, afirmó Kevin Pocovi, hijo del empresario.
Marcelo Pocovi expresó que el problema comenzó con la administración de Macri y que, pese a sus reclamos ante el Ministerio de Producción y Trabajo, no obtuvo respuestas. En febrero de 2019, envió una carta documento advirtiendo que haría pública la falta de pago, mientras que en mayo de ese año su hermano y apoderado del inmueble, Jorge Alberto Pocovi, intimó al SECLO a desalojar la propiedad.