En un mensaje de alerta en el que reclamó que el Gobierno reduzca el clima de confrontación, la entidad subrayó que, de un total de 173 agresiones (un ritmo de una cada dos días) contabilizadas, el 69,3% provino de algún funcionario público. En la mayoría de los casos, se trató de “discursos estigmatizantes” y de “ataques a la integridad”.
De los datos recopilados por el Monitoreo de Libertad de Expresión de Fopea surgió que “el hostigamiento y la violencia digital se mantienen como las principales agresiones contra la prensa”. Milei “protagonizó 56 agresiones (el 32,37% del total de casos registrados)”, se subrayó en el informe. La segunda fuente de agresiones a la prensa por detrás del Presidente fueron los “allegados a personas con poder” (24 casos); la tercera, personal policial (17 oportunidades).
El cuadro muestra la cantidad de ataques presidenciales.
En orden decreciente, por detrás de las tres principales fuentes de ataques siguieron las agresiones protagonizadas por desconocidos, funcionarios municipales, funcionarios nacionales, manifestantes sociales, individuos particulares, crimen organizado, intendentes, funcionarios provinciales, miembros de la Justicia en las provincias, integrantes de la Justicia Federal, legisladores nacionales, empresarios, manifestantes sindicales, personal de migraciones, dirigentes deportivos, dirigentes sociales, un gobernador, activistas de causas y legisladores provinciales.
La “violencia estatal” sumó 120 casos de ataques al periodismo; la “violencia no estatal”, 36; la “violencia paraestatal”, 22; la “violencia de origen no identificado”, 8, y la “violencia de grupos al margen de la ley”, 5.
El monitoreo de Fopea sobre los primeros 12 meses de gestión de Milei identificó que, de los 173 episodios violentos contra la prensa, el “44,51% (77 casos) fueron clasificados como ‘discurso estigmatizante’”, lo que “implica un ataque directo a la reputación de periodistas y/o medios”. En segundo lugar, figuraron los “ataques a la integridad”, que conformaron “el 25,43% (44 casos)”. El resto de las agresiones se clasificaron en “restricción de acceso a la información” (6,36%, 11 casos); “acciones judiciales civiles o penales” (3,47%, seis casos); “censura” (2,89%, cinco casos); “otros abusos del poder estatal” (1,73%, tres casos); “ataques contra los bienes” (1,16%, dos casos); “uso abusivo de la publicidad oficial”, “censura interna”, ambos con un 1,16% (dos casos).
Las formas de violencia a la prensa detectados por FOPEA.
Al desglosar las víctimas de los ataques, en el informe se indicó: “En estos 173 casos registrados, hubo 275 víctimas, de las cuales 153 fueron hombres, 57 mujeres, 15 medios de comunicación, en 24 ocasiones a la prensa en general y 26 veces fue a esta organización de periodistas [por el Fopea]”.
La entidad de prensa recordó que “no es la primera vez” que “advierte sobre el tono discriminatorio, agraviante y estigmatizante con el que el Presidente se refiere a la prensa en general y a periodistas, en particular”, y que incluso lo ha denunciado ante foros internacionales. También remarcó que “en en un fallo reciente dictado en una causa promovida por el editor de Perfil, Jorge Fontevecchia, la Sala I de la Cámara Federal porteña fue contundente respecto de las limitaciones que tienen los funcionarios públicos en su libertad de expresión”.
“El Presidente no ha propiciado en este tiempo un espacio que ofrezca garantías para la plena vigencia de la libertad de expresión”, subrayó Fopea, que puntualizó, además, “que los episodios no se limitan a agresiones físicas o verbales”. En ese punto, enumeró como ejemplos “los cambios dispuestos por el Gobierno en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, o las dificultades para el acceso a coberturas de eventos oficiales, como la jura de ministros o la firma del Pacto de Mayo el 9 de Julio en Tucumán, y la ausencia de conferencias de prensa tanto del Presidente como de sus ministros”.
“A la luz de los resultados de este primer reporte, urge entonces que desde el Presidente al funcionario local de menor rango se atenúe el clima de confrontación y se garantice la plena vigencia de la libertad de expresión. El ejercicio de este derecho no solo tiende a la realización personal de quien se expresa, sino a la consolidación de sociedades realmente democráticas. El jefe del Poder Ejecutivo Nacional, como cabeza del Estado, tiene la obligación de generar el marco para que el debate público sea plural y abierto”, reclamó Fopea en el cierre de su mensaje.
En el final del documento que el foro periodístico presentó en el primer aniversario de Milei en el poder también se incluyó una mención a la defensa de las redes sociales que realiza el Presidente como supuestas antagonistas del periodismo profesional. “Resulta claro que la acción de un periodismo vigoroso que investiga, pregunta y difunde en libertad resulta molesto para los gobernantes. Está en su naturaleza. Pero entre las obligaciones de todo dirigente que ocupa cargos de representación está la de tolerar la crítica y el disenso, en beneficio de la construcción de un diálogo social abierto y constructivo. Las redes sociales, valiosísimo vehículo para el diálogo político, no pueden reemplazar al periodismo profesional en su rol de investigación, indagación, análisis y difusión de asuntos de interés público”, se sostuvo.
“Desde Fopea continuaremos alentando el diálogo y el trabajo conjunto con funcionarios gubernamentales de los tres poderes del Estado con el objetivo de mejorar las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo profesional”, concluyó la entidad que preside Paula Moreno Román y tiene como vicepresidente a Claudio Jacquelin.