El proyecto, impulsado por el oficialismo y respaldado por el PRO, ha dividido opiniones en el Congreso, tanto que el plenario de comisión terminó con seis dictámenes diferentes que reflejan las posturas encontradas sobre los alcances y limitaciones de la propuesta.
El bloque de La Libertad Avanza (LLA), que representa al Ejecutivo y es autor del proyecto, mantuvo un perfil bajo durante gran parte del debate. En contraste, la diputada Silvia Lospennato, del PRO, asumió el rol de miembro informante, defendiendo la constitucionalidad de la iniciativa y destacando que su origen proviene de regulaciones provinciales ya implementadas en lugares como Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro y Córdoba. Según Lospennato, estas provincias han avanzado más rápidamente que el ámbito nacional en la adopción de medidas similares.
El debate fue en comisión
El debate en el Congreso dejó como resultado seis dictámenes diferentes. El primero, respaldado por el oficialismo y el PRO, incluye una cláusula que limita la aplicación de la inhabilitación a sentencias dictadas en el año previo a las elecciones, un punto que ha generado controversia. Esta cláusula ha sido rechazada por sectores de la oposición, como la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical (UCR), que firmaron en disidencia.
Otros dos dictámenes, presentados por el bloque Democracia para Siempre, propone extender la inhabilitación a todos los delitos con penas de al menos tres años, no solo a los relacionados con corrupción. Este dictamen establece que la inhabilitación se aplicará tras una sentencia única, pero caducará a los dos años si no se confirma en una segunda instancia. Además, elimina la cláusula que condiciona la inhabilitación a años no electorales.
Por su parte, el dictamen de Encuentro Federal es similar al de Democracia para Siempre, pero amplía los delitos considerados e incluye a los directores de empresas públicas entre los posibles inhabilitados. Según reportó el medio, estas propuestas reflejan un intento de encontrar un punto medio entre las posturas más extremas del oficialismo y la oposición.
El debate no estuvo exento de acusaciones cruzadas. Desde el kirchnerismo, el diputado Rodolfo Tailhade acusó al oficialismo y al PRO de utilizar el proyecto de Ficha Limpia como una herramienta para excluir a Cristina Kirchner de la contienda electoral. “Tienen miedo de que gane”, afirmó. Estas declaraciones reflejan la carga política que rodea al proyecto y las tensiones entre los principales bloques.
Mientras tanto, los bloques “del medio” intentaron posicionarse con propuestas alternativas que buscan equilibrar las demandas de transparencia con garantías procesales. Sin embargo, el punto más controvertido sigue siendo la cláusula de temporalidad, que condiciona la aplicación de la inhabilitación a sentencias dictadas en el año previo a las elecciones. Este artículo será clave para determinar si el proyecto logra avanzar con el apoyo necesario.
Aunque todo indica que el proyecto de Ficha Limpia podría obtener media sanción, su aprobación final dependerá de las negociaciones en torno a los puntos más polémicos. El bloque de La Libertad Avanza deberá decidir si cede en la eliminación de la cláusula de temporalidad para garantizar el respaldo necesario. Como señaló en su momento el dirigente Miguel Ángel Pichetto, “al recinto se va a ganar”, una frase que resuena en el contexto actual del debate.
En este escenario, el proyecto de Ficha Limpia se presenta como un reflejo de las tensiones políticas y las diferencias ideológicas que atraviesan al Congreso argentino. Mientras algunos sectores lo ven como un paso necesario hacia la transparencia, otros lo perciben como una herramienta de exclusión política. El desenlace de este debate será crucial para definir el alcance y la implementación de esta controvertida iniciativa.