La decisión de la cámara baja de convocar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Acción Social y Salud Pública para el martes 23 de septiembre es un paso crucial para dar materialidad a los proyectos que buscan esclarecer las acusaciones. El emplazamiento fue necesario debido a que la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por un diputado oficialista, había bloqueado los proyectos, impidiendo su tratamiento. La maniobra opositora en el recinto logró forzar la discusión y poner a la hermana del presidente en el centro del huracán político.
Las acusaciones que pesan sobre la secretaria general de la Presidencia son de extrema gravedad. El escándalo se desató a partir de audios atribuidos al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien habría afirmado que el 3% de los retornos exigidos a laboratorios con contratos con el organismo de discapacidad tenían como destinataria final a Karina Milei. Según el relato de Spagnuolo, el sistema de recaudación era articulado por la Droguería Suizo Argentina, que pedía hasta el 8% de retorno a los laboratorios. El resto del porcentaje era para otros intermediarios, entre ellos Daniel Garbellini, a quien Spagnuolo señaló como un nexo impuesto por el asesor presidencial «Lule» Menem para controlar el flujo de dinero.
La Justicia, a cargo del juez Sebastián Casanello, ya ha tomado medidas en la causa. Se ordenaron allanamientos y secuestros de celulares, incluyendo el de Spagnuolo y de la familia Kovalivker, dueña de la Droguería Suizo Argentina. En uno de los allanamientos, se encontraron 266 mil dólares y 7 millones de pesos en sobres. Un miembro de la familia Kovalivker fue detenido mientras intentaba escapar, mientras que otro logró huir a tiempo, dejando cajas de seguridad vacías. El avance de la investigación judicial, sumado a la interpelación en el Congreso, intensifica la presión sobre el gobierno y la secretaria general de la Presidencia.