La decisión de la jueza en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, Martina Forns, ha sido un golpe directo a la línea de flotación del Decreto 461/2025, firmado el pasado 8 de julio, que buscaba fulminar a la Dirección Nacional de Vialidad. Al hacer lugar a la cautelar presentada por el gremio Sevina, la magistrada ha puesto un freno a cualquier acto administrativo que implique reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones o pases a disponibilidad del personal, así como la supresión de estructuras vinculadas al organismo.
La fundamentación de Forns es clara y deja al descubierto la fragilidad legal de la embestida libertaria: «circunstancias graves y objetivas» justifican la medida para evitar «perjuicios irreparables y preservar el statu quo».
Además, remarcó que la Constitución Nacional y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impiden al Estado «alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva».
Una lección sobre los límites de la «voluntad política» cuando se topa con los derechos laborales y la legalidad vigente.
Mientras el Gobierno, a través de su vocero presidencial Manuel Adorni, confirmó que apelará la decisión –una patada al vacío en medio de una derrota que se hace evidente–, la realidad es que la suspensión judicial le da oxígeno a un organismo vital y a sus trabajadores, quienes venían alertando sobre el desmantelamiento de sus fuentes de trabajo y la infraestructura vial argentina.
Este freno judicial no es un hecho aislado. Se suma a las crecientes voces de gremios, cámaras empresarias y legisladores que han cuestionado el cierre de Vialidad, e incluso a proyectos de ley que buscan evitarlo. La derrota en los tribunales pone en evidencia que la narrativa de «libertad» y «achicamiento del Estado» de la gestión Milei encuentra sus límites en la justicia y en la resistencia de aquellos que defienden el rol del Estado en áreas estratégicas.
La «motosierra» libertaria, al menos por ahora, ha sido detenida por un martillo judicial. Una victoria parcial para la institucionalidad y un revés significativo para un gobierno que prometió arrasar con todo, pero que empieza a tropezar con la realidad de un sistema legal que, por fortuna, aún se mantiene en pie.