La jueza federal Sandra Arroyo Salgado pidió este jueves 12/12 el desafuero del senador Edgardo Kueider en un oficio enviado a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, con el objeto de “proceder a su detención por los canales diplomáticos correspondientes”.

La magistrada también pidió la extradición de Iara Guinsel Costa, secretaria del legislador que lo acompañaba cuando llevaba más de u$s200 mil sin declarar.

La joven – de 34 años y con quien Kuieder mantendría una relación afectiva – es oriunda de Concordia, al igual que el senador. Fue nombrada en su despacho en el Senado en febrero, y en junio, transferida al bloque de Unidad Federal que integra el legislador entrerriano. Fue dada de baja en agosto, luego de que empezaran a conocerse las investigaciones en contra de Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, y en la que ella está sospechada de actuar como una posible testaferro.

La jueza federal no puede pedir la extradición Kueider directamente porque éste tiene fueros como senador nacional, entonces, el pedido judicial deberá ser tratado por el pleno del cuerpo y requiere los dos tercios de los votos.

La decisión de la jueza federal se conoció minutos antes de que el Senado se reuniera en sesión especial para discutir su expulsión, suspensión o pedido de licencia. El bloque de Unión por la Patria, al que perteneció Kueider antes de acercarse al oficialismo, reclamara que el entrerriano sea expulsado de la Cámara alta.

En paralelo la jueza dispuso llevar adelante una veintena de allanamientos con intervención de la Gendarmería sobre diferentes domicilios de personas físicas y jurídicas que podrían encontrarse vinculadas a la matriz de corrupción pública que se investiga como un derivado de la mega causa SECURITAS.

El Senado tiene una sesión especial este jueves para resolver si lo expulsa, como reclama el kirchnerismo, o si lo suspende en sus funciones como promueve el oficialismo y aliados, hasta que haya una definición en la causa judicial que afronta en Paraguay por intentar ingresar con más de u$s200.000 en efectivo sin declarar.

En relación con el tema, Bartolomé Abdala, Presidente provisional del Senado, sostuvo: «El tema de Kueider es grave, se va a tratar en el Senado. No tenemos que actuar con la ira, debemos aplicar el debido proceso», informó A24.com.

Sandra Arroyo Salgado reveló que en la causa contra Edgardo Kueider por enriquecimiento ilícito están involucrados muchos organismos nacionales: “Hay un estado de corrupción estructural”.

La jueza federal, que tiene a cargo la causa iniciada contra el legislador entrerriano, sostuvo que se registraron hasta siete millones y medio de dólares en coimas.

La jueza federal que tiene a cargo la causa por enriquecimiento ilícito iniciada a raíz de la denuncia presentada por el periodista Christian Sanz contra el senador Edgardo Kueider -que data de julio de este año-, aseguró que en el caso hay una “corrupción estructural” que incluye a muchos organismos estatales. El legislador, quien está detenido en Paraguay por tentativa de contrabando de 200 mil dólares sin declarar, había sido demandado por su actividad en la empresa Enersa, donde habría sido partícipe de coimas.

“Lo que pasa es que en nuestro país, lamentablemente, hay un estado de corrupción estructural, es endémico. Da cuenta de esto la cantidad de organismos del Estado que estaban en esta maniobra y entramado de sobornos para mantener contratos. Por otra parte, sobrefacturaban servicios de seguridad que en realidad no daban o acordaban con los funcionarios de (la empresa) Securitas dar un servicio de menor calidad con menos hombres”, señaló la magistrada en la pantalla de LN+.

Además continuó: “En esta investigación hemos detenido a una importante cantidad de funcionarios que estaban imputados y luego fueron liberados, pero la Cámara nos acaba de confirmar el procesamiento por asociación ilícita, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública de varios directivos de Securitas y otros organismos”.

Arroyo Salgado remarcó que en la investigación están involucrados muchos organismos y que el monto que se movió en sobornos fue de “siete millones y medio de dólares”. Asimismo, destacó que lo más “preocupante” de esta situación es que la causa llegó a la Justicia porque la propia empresa decidió autodenunciarse en 2020 luego de recibir “numerosos avisos de parte de empleados con denuncias de corrupción” y, en consiguiente, formular una auditoría interna, que tuvo lugar en 2018.

En cuanto a los organismos incluidos, la jueza especificó que hubo detenciones y procesamientos en Enersa, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el Registro Provincial de Armas y la Agencia Nacional de Materiales Controlados, mientras que queda “individualizar” a responsables de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Renaper, Senasa, Aeropuertos Argentina 2000 y la Contaduría General del Ejército, la Terminal de Cargas Argentina, la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval, la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Policía de Tucumán y Petróleos de Venezuela (PDVSA).