El fallo, firmado por el juez Alejo Ramos Padilla, sostiene que la transformación del BNA en sociedad anónima podría contradecir lo establecido por la Ley 27.742, conocida como ley Bases, que explícitamente excluyó al banco de la lista de entidades sujetas a privatización. Además, resaltó que cualquier cambio en la estructura jurídica del Banco Nación debe ser aprobado por el Congreso Nacional.
La medida se adoptó en respuesta a una presentación de un grupo de trabajadores del banco, entre quienes se encuentra Juan Honorio Guerrero Iraola, quienes argumentaron que el decreto firmado por el Poder Ejecutivo representa un «intento solapado» de privatización. En su resolución, el magistrado destaco que el BNA es una entidad autárquica cuya creación y eventual modificación corresponde exclusivamente al Poder Legislativo, y que el Ejecutivo podría haber excedido las facultades delegadas por el Congreso.
El decreto cuestionado establecía que el BNA pasaría a operar bajo la normativa de la Ley 21.526 de Entidades Financieras y enmarcaba la transformación dentro del proceso de reorganización estatal promovido por el Gobierno. Asimismo, habilitaba al Ministerio de Economía a suscribir el capital social de la nueva sociedad y a dictar las normas complementarias para su funcionamiento.
El juez considero que la medida cautelar interina era necesaria ante la posibilidad de que la transformación del banco en sociedad anónima derive en la pérdida de su carácter público y permita la eventual incorporación de capitales privados, lo que podría generar «consecuencias jurídicas, económicas y sociales irreversibles».
En su fallo, Ramos Padilla recordó que la propia administración del BNA y el Estado Nacional habían solicitado previamente que se declarara abstracta la cuestión, dado que la privatización había sido descartada durante el debate parlamentario de la Ley Bases. No obstante, la reciente publicación del Decreto 116/2025 reavivo la controversia, lo que llevo a los demandantes a solicitar la intervención de la Justicia.
La decisión judicial establece que el Estado Nacional y el Banco Nación deberán abstenerse de ejecutar cualquier acción tendiente a aplicar el decreto y les otorga un plazo de cinco días para presentar un informe detallando el interés público comprometido en el caso.