En un diálogo con Radio Splendid, Francos fue categórico: «Por supuesto que el Presidente también va a vetar todo lo que afecte el equilibrio fiscal, que es la base sobre la cual se estructura la política económica del Gobierno, y eso incluye los fondos coparticipables y los ATN”. Esta advertencia se extiende a cualquier iniciativa del Congreso que, a juicio del oficialismo, ponga en riesgo las metas de reducción del déficit y el ajuste iniciado en diciembre de 2023. “No estamos de acuerdo con esas leyes y vamos a utilizar la facultad constitucional que tiene el Presidente de la Nación”, enfatizó el jefe de Gabinete.
Falta de diálogo y desconfianza provincial
La dureza de las declaraciones de Francos contrasta con la ausencia de canales de diálogo efectivo y concreto con los gobernadores. Fuentes cercanas a las provincias señalan que no hay mesas de negociación activas ni gestos que busquen tender puentes. Esta falta de comunicación agudiza la tensión y el malestar en las jurisdicciones, que ven sus recursos amenazados y sus demandas ignoradas.
En este contexto de profunda división, los mandatarios provinciales ya no confían en el ministro Francos, ni en ningún otro funcionario libertario. La percepción generalizada es que el diálogo es una formalidad sin voluntad real de acuerdo, y que las decisiones se toman unilateralmente desde la Casa Rosada. Esta desconfianza mutua complica enormemente cualquier posibilidad de consenso y proyecta un escenario de mayor confrontación política.
El equilibrio fiscal como bandera innegociable
Francos justificó la postura del Gobierno en el «enorme esfuerzo» que la sociedad argentina está haciendo para salir de una situación «caótica», dándole a este argumento el mismo peso que la letra constitucional para fundamentar la política de vetos. El Gobierno insiste en que el equilibrio fiscal es la piedra angular de su gestión y que no cederá ante ninguna presión que ponga en riesgo este objetivo.
El jefe de Gabinete también recordó que la delegación de poderes extraordinarios del Congreso al Ejecutivo fue una constante desde la crisis de 2001 hasta 2017, y que el artículo 76 de la Constitución Nacional contempla esta facultad. Incluso, Francos respondió a las críticas de Eduardo Barcesat, quien lo había calificado de «imbécil», replicando con dureza: «Creo que los imbéciles ven a todos de su condición.»
Una posible cumbre en el CFI
Ante este panorama de creciente polarización y la falta de canales oficiales, la posibilidad de una nueva cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) emerge como una vía para intentar reestablecer algún tipo de vínculo. Los gobernadores podrían buscar allí un espacio de encuentro y negociación para abordar las diferencias y encontrar soluciones que eviten una escalada aún mayor del conflicto institucional. Sin embargo, la desconfianza instalada y la intransigencia del Gobierno hacen prever que cualquier acercamiento será extremadamente difícil.
La línea roja del Gobierno de Javier Milei es clara: evitar cualquier sanción legislativa que implique gasto adicional o que debilite la disciplina presupuestaria. Las palabras de Francos no son una simple opinión, sino el anticipo de una acción ejecutiva concreta que promete más tensión en el escenario político nacional.