Siguiendo esas medidas, Daer explicó que van a presentar acciones legales y que en las próximas horas difundirán un comunicado. “Están repitiendo lo que ya intentaron con el DNU 70/23, que no buscaba reglamentar sino limitar el derecho de huelga para muchas actividades, dejando casi imposible hacer medidas de fuerza. Eso fue rechazado en la Justicia en varias instancias”, afirmó.
Ahora, cambiaron solo la categoría de algunos sectores, de ‘trascendentales’ a ‘esenciales’, y volvieron a sacar un decreto similar. “Para nosotros la suspensión sigue vigente y entre lunes y martes volveremos a actuar en la Justicia”, agregó. “Estamos convencidos de que se va a mantener esa decisión”, aseguró.
Al finalizar la reunión, Daer explicó que la CGT considera al decreto “inconstitucional”. “Primero vamos a resolver el tema judicial y después habrá diálogo, pero, por ahora, no se evalúa un paro general”, dijo. Consultado sobre el ambiente entre los sindicatos, aclaró que no hay condiciones para una medida de ese nivel.
“Habrá negociaciones por actividad. Quienes puedan negociar arriba de estos valores, perfecto. Si ellos no homologan, se abrirán dos conversaciones: una para acordar y otra para cobrar”, señaló cuando le consultaron por el tope del 1% mensual que el Gobierno intenta ponerle como tope a las paritarias de los distintos rubros.
Sobre los decretos publicados el miércoles, Daer señaló que “no son tema del Ministerio de Trabajo ni de Capital Humano” y dijo desconocer quién está detrás de esta maniobra. “Ya hubo reformas, como la Ley de Bases, que no generaron empleo formal. Lo único que crece es la informalidad. Hoy no hay voluntad en el Congreso ni en el debate público para mejorar los derechos de los trabajadores. Lo que hay que discutir es cómo repartir el trabajo y la jornada laboral”, sostuvo.
En sus palabras, Daer dejó claro que estos hechos llegan en medio de una fuerte ofensiva contra gremios y trabajadores, como la reciente creación de una lista negra de sindicalistas en el Estado nacional mediante la resolución 34/25, que identifica a quienes son elegidos como delegados para defender derechos laborales, poniendo en riesgo sus fueros y facilitando despidos al finalizar su mandato.
A contar por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general, Rodolfo Aguiar, adelantó que presentarán una denuncia judicial para frenar esta persecución durante la elección de delegados. “Buscan reducir la representación en los lugares de trabajo, creando un registro ilegal para evitar resistencia a las políticas de los ministerios. Es una medida desesperada para que no haya tantos hombres y mujeres frenando estos ataques”, expresó.