El vaciamiento de las escuelas técnicas
Uno de los puntos más alarmantes del informe es la situación del Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP). El documento advierte un recorte real del 93% en comparación con 2023. Aunque el fondo sigue vigente por ley, su ejecución ha sido mínima: del 10,8% en 2025 caerá a apenas un 3,5% proyectado para 2026. «En los hechos, el Gobierno elimina el Fondo», sentencia el análisis del CEPA, señalando un vaciamiento operativo que deja a la educación técnica sin recursos básicos.
El artículo 30: derogación de pilares históricos
El proyecto no solo ajusta montos, sino que ataca la estructura legal del financiamiento mediante el polémico artículo 30. Esta cláusula busca derogar tres garantías que han sido pilares del sistema argentino:
El financiamiento específico para Escuelas Técnicas.
La meta obligatoria del 6% del PBI para educación.
La inversión del 1% del PBI destinada a ciencia y tecnología.
Esta decisión es calificada como de “gravedad institucional”, especialmente considerando que el Poder Ejecutivo ya suspendió previamente por decreto la ley de financiamiento universitario.
Universidades, becas y ciencia en caída libre
El ajuste proyectado para 2026 impacta de lleno en la movilidad social y el desarrollo soberano:
Universidades Nacionales: Sufrirán una caída presupuestaria real del 33,8% respecto a 2023.
Becas Estudiantiles: El recorte acumulado en transferencias y becas alcanza un dramático 76,6%.
Ciencia y Tecnología: El presupuesto para esta área bajará un 48,8% real, debilitando programas de investigación e instituciones científicas en todo el país.
Responsabilidad legislativa y cronograma
La celeridad con la que el proyecto avanzó en Diputados implica que los representantes conocían el alcance de estos recortes al momento de votar.
El mecanismo de votar por Títulos clausuró la posibilidad de discutir artículo por artículo las derogaciones de las metas del PBI.
Con la media sanción obtenida, el oficialismo apunta al 26 de diciembre como la fecha clave para que el Senado convierta en ley este esquema de ajuste, sellando el destino de la educación pública para el próximo ciclo lectivo.