El juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, suspendió una medida del gobierno de Javier Milei y le ordenó la inmediata reincorporación de unos 500 correntinos que fueron dados de baja en el programa Potenciar Trabajo, en una causa judicial iniciada por el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá. Para el letrado, el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, utilizó una base de información falsa y no realizó entrecruzamiento de datos.
Juez federal Juan Carlos Vallejos
Tras la Resolución 17/2023 del Ministerio de Capital Humano que suspendió el pago del «programa nacional de inclusión socio-productiva y desarrollo local “Potenciar trabajo” a 4.588 personas en todo el país, entre ellos correntinos, y ante un recurso de amparo presentado por el abogado Cubilla Podestá, el magistrado federal Vallejos ordenó al “Estado nacional para que en el término de 48 horas disponga que los actores (beneficiarios afectados) continúen percibiendo el programa Potenciar Trabajo hasta tanto recaiga sentencia de mérito”.
En la misma resolución se da cuenta de que la suspensión del beneficio se debió a la recepción de un informe de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos relativos a la seguridad social en el que figuraban los damnificados como personas detectadas en posible infracción de las normas vigentes que regulan el Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y desarrollo Social- Potenciar Trabajo.
Así mismo aclara que el Gobierno de Corrientes “no ha tenido ningún tipo de participación, directa o indirecta, en el dictado de la Resolución N° 17/2023, impugnada y alega de que “no es responsable de la información utilizada por el Organismo Nacional para suspender el pago del Salario Social Complementario que reclaman los actores como supuestos titulares del Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local «Potenciar Trabajo».
Cubilla Podestá fue notificado este miércoles 14 de febrero que sus patrocinados deberán volver a percibir el derecho del programa Potenciar Trabajo desde el mes de marzo.
La orden judicial fue a la Ministra del presidente Javier Milei, Sandra Pettovello quien deberá dejar sin efecto la suspensión del programa para estas personas que se presentaron con Cubilla Podestá.
La medida del juez Juan Carlos Vallejos favorece a todos aquellos correntinos que iniciaron la causa judicial, una acción de amparo con el abogado correntino Juan Manuel Cubilla Podestá, y todos deberán estar reincorporados desde la semana del lunes 19 de febrero en adelante.
“Dimos otro paso fundamental para demostrar que Milei y su ministra Pettovello usaron información falsa para acusar de incompatibilidad a estas personas con el afán de aplicar su ajuste contra los más débiles”, afirmó Cubilla Podestá. “Todos los días estamos preparando amparos de personas que se van sumando porque también fueron afectados por esta injusta medida de Milei”, aseguró.
“Milei quiere justificar con mentiras su plan de ajuste contra la población y nosotros vamos a demostrar la verdad en defensa de los correntinos”, manifestó el letrado.
El abogado correntino se mostró confiado de las actuaciones judiciales porque los fundamentos usados por Milei y Pettovello para suspender el Potenciar Trabajo a 4.588 personas en todo el país se basa en información falsa.
“Con mucha maldad, el Gobierno nacional argumentó falsamente que estos correntinos eran empleados de la provincia de Corrientes y que, por eso, era incompatible el beneficio que recibían. Estamos demostrando que no poseían ningún otro ingreso económico más que el ingreso que logran con sus tareas laborales”, dijo Cubilla Podestá.
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano
La resolución de Sandra Pettovello que los había dado de baja es la N°17/23 del 29 de diciembre y afectó a casi 500 correntinos sobre más de 4.500 en todo el país. Con esta decisión judicial que surge mediante el amparo de Cubilla Podestá, no se descarta que en otras provincias la Justicia federal también avance sobre los mismos efectos a favor de la gente perjudicada por Milei y Pettovello.
Los correntinos del Potenciar Trabajo cobraban 78 mil pesos mensuales del Estado nacional como contribución para que puedan mejorar su producción económica en las tareas que realizaban como trabajadores independientes del sector privado.
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