El sector, que abarca la yerba mate, el té, la forestación y la ganadería, sostuvo que la ley original imponía sanciones y desincentivaba la inversión al no ofrecer reemplazos biológicos efectivos y accesibles.
La nueva normativa modifica y amplía lo dispuesto por el Decreto N° 1608 del 29 de julio de 2024, que ya había prorrogado el plazo hasta 2030. Ahora, la excepción no tiene una fecha de caducidad fija, sino que se mantendrá hasta que los organismos nacionales o de los países de destino de las exportaciones autoricen fitosanitarios alternativos que sean más amigables con el ambiente.
La decisión busca dar más tiempo al sector productivo para que pueda adoptar alternativas sin perjudicar la comercialización de sus productos, especialmente en mercados internacionales con altas exigencias sanitarias.
El Ministerio del Agro y la Producción será el responsable de establecer un régimen de control y verificación. Además, los productores que deseen seguir utilizando el glifosato deberán implementar un plan de transición documentado hacia métodos más sostenibles. El decreto fue refrendado por los ministros del Agro y la Producción, y de Ecología y Recursos Naturales Renovables.