El ultraderechista Javier Milei ha construido un «aparato comunicacional» que no solo difunde sus ideas, sino que también hostiga de manera sistemática. A través de las redes sociales, este mecanismo desacredita, ataca y silencia a periodistas, intelectuales, opositores y a cualquier voz crítica. Su lenguaje, caracterizado por la brutalidad y el incivilismo, crea un clima de confrontación constante, donde el adversario es un enemigo a destruir, no un interlocutor. Este proceso conduce a la deshumanización de quienes piensan diferente, justificando así cualquier agresión.
Lo que estos dirigentes califican de «bravuconadas» ya se ha transformado en un ataque directo a las instituciones. La reciente cadena nacional del presidente ultraderechista, donde justificó sus vetos a leyes de vital importancia como el aumento a jubilaciones y la emergencia en discapacidad, fue el preludio de una amenaza aún más seria. El anuncio de un proyecto de ley para penalizar a los legisladores que aprueben presupuestos con déficit fiscal, lo que en la práctica anula su independencia y los obliga a legislar bajo sus órdenes, nos coloca al borde de un precipicio republicano. Es un paso que apunta al fin de la República, buscando eliminar de raíz la función legislativa de control y equilibrio de poderes.
El peligro radica en no ver el escalamiento. Lo que hoy se presenta como un ataque a la prensa, mañana se convierte en un intento de disciplinar al Congreso. A la par, se observa con preocupación el silencio del Poder Judicial. Si bien es cierto que su función lo obliga a la prudencia, el silencio ante esta brutalidad y deshumanización genera un vacío que el poder de turno aprovecha. La falta de una reacción contundente por parte de la Justicia podría interpretar su quietud como un aval a la dinámica autoritaria.
Por eso, en esta encrucijada, cada gesto cuenta. Desde el repudio público a un mensaje de odio hasta el apoyo a un periodista hostigado, cada mínima acción es un freno indispensable al avance de quienes buscan destruir el consenso democrático. La tibieza no es prudencia, es negligencia; el silencio no es neutralidad, es complicidad. La subestimación de estos actos de violencia discursiva nos deja a merced del autoritarismo.
Sin embargo, en este oscuro panorama, también han surgido luces de esperanza. La multitudinaria marcha universitaria, que unió a la mayoría del país en defensa de la educación pública y gratuita, demostró que la sociedad tiene la capacidad de organizarse y defender sus conquistas. Fue una lección de civismo que evidenció que, frente a la hostilidad y el intento de deslegitimar las instituciones, el pueblo puede unirse en torno a valores fundamentales, trascendiendo las diferencias políticas.
Además, en contraposición al «terraplanismo» violento y negacionista de los libertarios, también hay signos de un interés renovado en el progreso y la ciencia. El auge y la visibilidad de eventos como la exploración del mar en Mar del Plata, que capturó la atención de la opinión pública, son un recordatorio de que la sociedad todavía valora el conocimiento, la investigación y la construcción de un futuro basado en la razón y no en la negación de la realidad. Son reacciones que demuestran que, a pesar de los discursos de odio, el deseo de un futuro mejor y más constructivo sigue latiendo con fuerza.
No se trata solo de la defensa de ideas políticas, sino de la defensa de la misma democracia. Es crucial que los distintos actores de la sociedad entiendan que lo que está en juego es el futuro de nuestra convivencia en un marco de libertad y respeto.
Es tiempo de valientes. Es el momento en que la sociedad, sus dirigentes, los partidos políticos y las instituciones deben dejar de lado sus diferencias y unirse en la defensa de los pilares de la República. La democracia está en peligro, y solo con una respuesta firme y unificada podremos garantizar un futuro de libertad. Alejandro Miravet (h)