En el Consejo Nacional de la Vivienda se plantea la grave situación emergente del ajuste brutal del presidente libertario Javier Milei. “El 30 de noviembre ya nos habíamos juntado y habíamos planteado esos puntos que fueron reiterados en ese nuevo encuentro que tuvo el Consejo Nacional de la Vivienda”, afirmó Juan Carlos Pereira, máxima autoridad del instituto de la vivienda de Misiones. Esta provincias enfrenta a un escenario complejo, con 1.449 viviendas en diferentes etapas de ejecución, entre las que se incluyen 955 en Posadas y 499 en el interior de la provincia.
A pesar de los esfuerzos por mantener activa la industria mediante la complementación de obras de infraestructura con fondos provinciales, el panorama para las constructoras y trabajadores del sector es preocupante.
“La situación particular de la industria de la construcción y su cadena de valores asociados tiene que ver con todo esto. Las empresas, los obreros que quedan sin trabajo y el panorama es realmente complejo”, señaló Pereira.
El déficit habitacional sigue siendo un desafío significativo, con proyectos pendientes como la iniciativa de 5.000 viviendas en las 300 hectáreas frente a Itaembé Guazú. Sin embargo, la financiación se volvió un obstáculo importante. “La proyección de viviendas era muy grande y la cantidad que tenemos en ejecución también es muy grande y eso nos lleva a buscarle la vuelta para sortear esta situación”.
Y completó: “Y nosotros, hoy con la macroeconomía tan compleja, es difícil que la provincia pueda hacerse cargo 100% de la ejecución de viviendas. Estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos; y la Nación plantea un modelo donde el privado se haga cargo de la construcción de viviendas y las personas accedan al crédito”, explicó Pereira, quien consideró que el modelo propuesto por Nación no aborda las necesidades de las familias de menores recursos.
Frente a esta problemática, Misiones garantiza la continuidad de programas provinciales como Construyo mi casa, Arreglo mi casa y Viviendas Rurales, aunque a un ritmo más lento debido a las limitaciones financieras, indicó.
Asimismo, Pereira hizo hincapié en la importancia de una transición adecuada que proteja a los trabajadores y a las familias necesitadas de vivienda, así como la inversión pública ya realizada en proyectos habitacionales.
Mientras tanto, Nación adeuda aproximadamente 600 millones de pesos en certificados ejecutados a empresas constructoras, un monto que Pereira califica de “valores históricos”.
Por último, consultado acerca del ajuste de las cuotas de las viviendas de IPRODHA en el contexto inflacionario y de aumento de insumos, aseguró que “las cuotas están bastante accesibles a pesar de la inflación y se subsidian los incrementos de las viviendas para que las familias puedan seguir pagando”, concluyó.