Demostrando una conducta amañada, tergiversando hechos y sembrando sospechas sobre quienes colisionan con sus «valores» e intereses económicos, la Fundación Siembra administra el Instituto Cristiano de la República Argentina, hoy okupa de dos propiedades de la Asociación Civil «Isabel Llamosas de Alvarenga», que no es una organización familiar como la Fundación Siembra/Instituto Cristiano de la República Argentina, inquilinos hasta el 31 de diciembre de 2022.
Utilizando infinidad de maniobras dilatorias ante el juicio de desalojo iniciado en tríbunales de Posadas, la Fundación Siembra/ICRA (que son la misma cosa) deja transcurrir el tiempo como quien se considera impune ante la ley y las normas que riguen la actividad comercial y el contrato que permite armonizar las relaciones en la sociedad.
Tres meses antes de finalizar los contratos de alquiler de dos valiosas propiedades que alquilaron a precio ridículo durante más de 20 años, los responsables de esas instituciones fueron invitados a conversar sobre las condiciones de los nuevos contratos.
En tres ocasiones faltaron a la cita y así se llegó a la finalización de los contratos -prórrogas de anteriores- y que específicamente tenían una cláusula de caducidad indefectible. Sus firmas en los documentos indican que sabían muy bien de qué se trataba.
El abogado sin matrícula habilitante para el foro provincial Alejandro Jabornicky ha dicho en medios (no consta si lo ha hecho ante el SPEM o autoridad judicial) que el contrato (no sabe que son dos) ha sido prorrogado tácitamente, con lo cual durante 23 meses rigen las condiciones que no establece el propietario ni han sido objeto de negociación. O sea que el inquilino es quien unilateralmente determina absolutamento todo lo atinente a una propiedad ajena: monto de alquiler, ajuste, índice de ajuste, extensión del contrato, forma de pago del alquiler, pago de servicios y tasas, etcétera. No solo es insólito, sino que además es absurdo y contrario a la ley vigente en 2023 y las actuales normativas.
El juicio de desalojo se inició en abril de 2023 (Expte. 46616/2023 ASOCIACION CIVIL HOGAR DE NIÑAS ISABEL LLAMOSAS DE ALVARENGA C/ FUNDACION SIEMBRA y/o otros y/u ocupantes S/ Desalojo”) ante la evidencia de que los reponsables de Siembra/ICRA no tenían voluntad de negociar nuevos contratos de alquiler, montándose en la especulación de que por ser una institucion educativa (y con alguna llegada a poder de turno) nadie actuaría ajustándose a derecho, que es lo que ha producido con el juicio la Asociación Civil «Hogar de Niñas Isabel Llamosas de Alvarenga».
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Durante tres meses de 2022 y los 23 meses que han trascurrido después (780 días en total) los responsables de ICRA tuvieron las oportunidades para dialogar, que es la vía para resolver conflictos, sobre un tema que hubo de ser judicializado para proteger un patrimonio que la comisión directiva tiene la obligación de cuidar.
Dados así los hechos y otras circunstancias penosas que no viene al caso retrotraer, las autoridades de SIEMBRA/ICRA acudieron a la fórmula fácil de desprestigiar, difamando a las autoridades de la institución propietaria de los locales, sembrando dudas sobre su accionar sin aportar una sola prueba de sus dichos, mientras que la contraparte tiene una sola: SIEMBRA/ICRA no tienen contratos de alquiler, por lo tanto son ocupantes ilegales de dos propiedades y es por ello que hay un juicio de desalojo que -agotadas las chicanas- toma otra velocidad.