El 12 de febrero de 2026, la Cámara de Diputados debatió el proyecto oficialista para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, derogando la Ley 22.278. Con 149 votos a favor y 100 en contra, obtuvo media sanción en un plenario de Legislación Penal, Presupuesto y Familia, liderado por Laura Rodríguez Machado (LLA). Pasa al Senado.
El régimen propone penas de hasta 15 años para mayores de 14, con énfasis en reinserción vía equipos multidisciplinarios, servicios comunitarios y resocialización. Oficialismo cedió de 13 a 14 años por oposición dialoguista; Unión por la Patria se dividió. Críticos como Myriam Bregman lo tildaron de «marketinero».
Pedido de recursos nacionales
El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad (Innovación Federal) respaldó el proyecto por su enfoque integral, no punitivo: «Me llena de expectativa; no por cárcel, sino por atender adicciones y falta de contención familiar». Comparó con Brasil y Chile, donde persiste el debate sin ideologías.
Exigió fondos nacionales específicos: «Debe ir acompañada de recursos para provincias; contradicción imponer sin coparticipación». Propuso partida taxativa para implementación equitativa, evitando «moneda política». «Queremos que el chico sea atendido, no preso», enfatizó en el recinto. Su postura surgió en el mismo debate donde reclamó accesibilidad auditiva.
Posición del vicegobernador de Misiones
Lucas Romero Spinelli, vicegobernador misionero, apoya con cautela: Misiones ya aplica perspectiva integral con bajo impacto (solo 25 menores en institutos, 16-21 años). «No tanta injerencia nacional por nuestro abordaje interdisciplinario», indicó, priorizando análisis profundos sobre punibilidad.
El avance legislativo tensiona federalismo, demandando equilibrio entre seguridad y derechos juveniles.
Especialistas desarman la baja a 14: «Prisión no resuelve, agrava el delito juvenil»
Unicef, defensores de menores y neurocientíficos rechazan el proyecto oficialista aprobado en Diputados. Estudios alertan riesgos cerebrales, inconstitucionalidad y falta de fondos. Priorizan prevención sobre punición. Debate en Senado tensiona derechos humanos.
Varios especialistas en derechos del niño, neurociencia y justicia penal cuestionan la media sanción del proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, aprobada el 12 de febrero de 2026 en Diputados. Argumentan que ignora evidencias científicas y tratados internacionales.
Unicef Argentina rechazó la medida: «No hay datos que indiquen aumento progresivo de delitos en menores de 16; bajar la punibilidad es regresivo y malinterpreta estándares internacionales». Recomienda reformar el sistema juvenil sin reducir edad.
Críticas
Defensores de menores: Organizaciones como las citadas por Página/12 alertan que «chicos de 14 presos vulneran la Convención sobre Derechos del Niño» y profundizan exclusión social.
Estudios científicos: Informes destacan que el cerebro adolescente no madura hasta los 25; encarcelar aumenta reincidencia y daños neurobiológicos. «No resuelve seguridad, estigmatiza sectores populares», dice UBA Sociales.
Expertos judiciales: Exjuez Emilio Andruet ve inconstitucionalidad, colapso carcelario y falta de espacios diferenciados. «Endurecer penas no reduce delito; cíclico ante hechos graves».
Iglesia Católica también se opuso, sumada a Juan Grabois (UP): «Enfoque integral en salud mental, no cárcel». Pichetto admitió riesgos sin inversión social.
El rechazo enfatiza prevención, educación y resocialización sobre punición prematura. Senado definirá el futuro.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) no fija una edad mínima universal de imputabilidad penal, pero establece principios que cuestionan bajar a 14 años esa edad.
Artículos clave
Artículo 3: El interés superior del niño prevalece en todas las medidas judiciales o administrativas, priorizando protección sobre punición. Especialistas ven incompatible encarcelar a 14 años sin agotar alternativas restaurativas.
Artículo 37: Prohíbe la privación de libertad como sanción automática; debe ser medida extrema, por el menor tiempo posible y en instalaciones separadas de adultos. Exige tratar al menor con humanidad, respetando dignidad y desarrollo.
Artículo 40: Reconoce derechos procesales del niño en conflicto con la ley, enfatizando rehabilitación y reinserción social sobre castigo. Los Estados deben establecer edad mínima para responsabilidad penal, pero la CDN favorece sistemas juveniles flexibles por debajo de 18 años.
Implicancias para Argentina
Ratificada en 1990 con rango constitucional, la CDN obliga a priorizar prevención y educación sobre prisión para adolescentes. Unicef y defensores argumentan que bajar a 14 viola estos estándares, agravando reincidencia sin resolver causas como pobreza o adicciones.
