La que ahora se cuestiona es la resolución 170 del 17 de junio de 2021, mediante la cual el INYM “determinó la superficie que cada año podrían incorporar los productores yerbateros registrados y que tuvieran destino para nuevas plantaciones”. Esos límites -inéditos en cualquier otro cultivo de la Argentina- fueron impulsados por el gobierno de Misiones y los representantes de los pequeños productores de esa provincia, con el evidente respaldo del gobierno nacional, pero a la vez fueron resistidos por el gobierno de Corrientes y los molinos yerbateros.
La medida, pensada para poner coto al incremento de la producción de yerba a manos de grandes empresas, de modo de evitar una sobreoferta en el mercado que perjudicara los precios a los productores, provocó un altísimo nivel de debate que incluso llegó a la justicia. Ahora, la decisión de Caputo es poner fin de cuajo a la posibilidad de limitar las plantaciones de yerba. ” Derógase la resolución 152 del 5 de agosto de 2021 del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca”, dispone en el único artículo de importancia de la nueva resolución.
Esta es la segunda gran desregulación que realiza el gobierno de Milei en las políticas dictadas por el INYM, aunque es mucho menos relevante que la primera, que apuntó al corazón de las funciones de dicho organismo creado por ley en 2002. En la primera reforma, los libertarios no designaron ni siquiera a un nuevo presidente para ese Instituto (que integra a todos los actores de la cadena), y de ese modo no se pudo convocar a las reuniones que cada seis meses debían hacerse para fijar un precio de referencia para la materia prima, que es la hoja verde que los pequeños productores entregan a los secaderos, o la yerba canchada que sale de estos establecimientos hacia los molinos yerbateros.
Esa desregulación en el sistema de fijación de precios en esa economía regional, que también era cuestionado por los grandes molinos, resultó en que los precios de la yerba pagados al productores cayeran más del 30% en 2024, en un contexto de fuerte inflación y suba de los costos. Por esa cruda situación, los pequeños colonos de Misiones han venido realizando un cese de la cosecha en los primeros meses de este año, logrando una mejora de los valores, pero que continúan por debajo de los costos de producción estimados por el propio INYM.
Lejos de dedicarse a resolver esa situación que afecta a los pequeños productores, Caputo metió más el dedo en la llaga, derogando la resolución nacional de 2021 que apoyaba el intento del INYM para poner límites a las nuevas plantaciones.
“A través de la resolución 152 del 5 de agosto de 2021 del entonces Ministerio de Agricultura (fue firmada por Luis Basterra) se confirmó la resolución 170/2021 del INYM, y se instó al citado Instituto Nacional a crear una Comisión de Seguimiento de las medidas dispuestas”, recordó la nueva normativa, para luego apuntar que el DNU 70/2023, ya en el gobierno de Milei, “dispuso la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional, y se estableció que quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios”.
El camino a la limitación de nuevas plantaciones de yerba ya había sido comenzado a desandar por el propio INYM, que sigue sin presidente designado por la Nación, pero que igual en la reunión de directorio del pasado 30 de enero de 2025 ordenó el archivo de todos los sumarios de fiscalización iniciados como consecuencia de estas limitaciones a la implantación de yerbales. (Bichos de Campo)