El foco del conflicto se centra en el artículo 55 de la Ley 27.802, una pieza fundamental del engranaje libertario diseñada para reducir drásticamente los costos de salida de las empresas, pero que, según los magistrados, vulnera de forma directa el derecho de propiedad de los trabajadores y el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis.
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fue contundente al señalar que el tope impuesto a los montos resarcitorios implica una quita sustancial del crédito laboral, transformando un derecho legítimo en una cifra insuficiente frente a la realidad económica. Bajo el argumento de crear un «régimen transitorio», la normativa pretendía establecer un límite del 67% sobre el cálculo de actualización en causas en trámite, una maniobra que la Justicia interpreta como una medida arbitraria. Este esquema, lejos de «dinamizar» el mercado como sostiene el ministro Luis Caputo, parece haber sido diseñado para que el hilo se corte, una vez más, por lo más delgado: el bolsillo del empleado desvinculado.
La tendencia judicial no es aislada y se extiende por los principales distritos del país, evidenciando la fragilidad jurídica del plan oficial. En Córdoba, el juez Ricardo Giletta denunció la discriminación que introduce la norma entre trabajadores en igual situación, mientras que en La Plata, el Tribunal de Trabajo Nº 3 utilizó simuladores del Banco Central para demostrar que el nuevo esquema libertario licúa las indemnizaciones hasta en un 35% respecto a la inflación. Estas sentencias exponen que la pretendida «modernización» laboral no es más que una infra-actualización de los créditos laborales que deja al trabajador en un estado de indefensión ante el avance del capital.
Este escenario de incertidumbre jurídica desmorona uno de los pilares de la reactivación económica que pregona el Ejecutivo. La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y otros instrumentos de flexibilización quedan ahora bajo la lupa de una Corte Suprema que tendrá la última palabra, pero que recibe una justicia laboral movilizada en defensa de sus competencias. El freno al traspaso de la justicia nacional a la órbita porteña, impulsado por el juez Herman Mendel, es otro capítulo de esta pulseada donde el Gobierno intenta desmantelar estructuras de protección histórica bajo la premisa de la eficiencia de mercado.
En definitiva, la ofensiva judicial contra la reforma laboral pone de manifiesto que el «todo o nada» libertario encuentra su límite en el respeto a las garantías constitucionales. Mientras el sindicalismo debate sus propias estrategias de supervivencia y el Gobierno insiste en que el abaratamiento del despido generará empleo, los fallos judiciales recuerdan que ninguna reforma puede ser válida si se construye sobre la confiscación de los derechos adquiridos. La batalla legal recién comienza, pero el mensaje de los tribunales es claro: la propiedad privada que tanto defiende el oficialismo también pertenece al trabajador, y su indemnización no puede ser la variable de ajuste de un plan económico.
